La problemática por el ascenso de las napas en barrio Villa El Libertador tuvo un nuevo capítulo ayer luego de una reunión que mantuvieron los vecinos damnificados con las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social.
En el cónclave, que se llevó a cabo luego de una movilización a la sede de la entidad y los insistentes reclamos para ser atendidos, Raúl La Cava, secretario de Políticas Sociales, confirmó a los habitantes que la Provincia le pidió a la Justicia una prórroga de 30 días para ejecutar los desalojos, que deberían obrar a fin de mes, y además cumplir con lo dispuesto en la intimación: cubrir los alquileres de las familias afectadas y cuidar las viviendas mientras duren los trabajos de rehabilitación de la zona.
“Además, La Cava se comprometió a visitar la zona el próximo lunes y reunirse en el Centro Cultural con los vecinos para evacuar dudas y consultas respecto de la situación”, aseveraron a HOY DÍA CORDOBA integrantes del Colectivo Cloacas Ya. Del encuentro, también participarán los jefes del equipo de Trabajo Social y los abogados del Ministerio.
En cuanto al pedido de declaración de zona de desastre, los vecinos relataron que no hay “ninguna novedad”. “Van a empezar a evaluar un abordaje ‘interministerial’, con lo cual quedaron en seguir conversando”, señalaron desde la asamblea. “Ha sido un logro que nos atiendan y se comprometan a venir al barrio a llevar tranquilidad y dar seguridad a las familias preocupadas por los desalojos. Esperamos abrir un canal de diálogo para solucionar la situación”, dijeron.
A primera hora de la mañana, los vecinos se concentraron en el CPC de Villa El Libertador y marcharon al Pablo Pizzurno, donde funciona Desarrollo Social. “Llegaron más intimaciones y con un plazo de siete días. Es una locura. Queremos que la Provincia nos dé una solución”, indicaron en esa oportunidad.
A principios de este mes, el Juzgado en lo Civil y Comercial de 30° Nominación de la ciudad de Córdoba ordenó a la Provincia que garantice a los vecinos que fueron intimados a desocupar las viviendas “la puesta a disposición de los inmuebles a los cuales se deberán trasladar”, hasta tanto se dé una solución de fondo.
Además, la jueza Ilse Ellerman dispuso que las autoridades del Panal se constituyan en garantes de los contratos que se suscriban con los vecinos y que paguen los costos de los alquileres durante el tiempo que sea necesario. Sin embargo, esto no llevó calma a la populosa barriada, ya que los habitantes señalaron que no cuentan con la seguridad de que el Estado mantenga los pagos en el tiempo.