Una iniciativa para modificar la Ley de Seguridad Eléctrica (10.281) generó una profunda preocupación en la Fundación Relevando Peligros, principal impulsora de la norma que desde hace dos años rige en Córdoba y establece una serie de exigencias tanto para el sector público como para los usuarios privados, en relación a las nuevas instalaciones eléctricas.
Ocurre que el proyecto de ley, que el miércoles tomó estado parlamentario en la Legislatura Unicameral, establece una prórroga de dos años para el cumplimiento efectivo de las condiciones estipuladas por la norma. La iniciativa, elevada por el presidente de la Legislatura, Oscar González, propone que la ley no entre en plena vigencia en diciembre próximo (como está establecido originalmente) sino que se otorgue una prórroga de dos años, hasta diciembre de 2021, para que municipios y usuarios privados puedan cumplir con todos los requerimientos que contempla. Para justificar la medida, el proyecto argumenta que se trazaron “objetivos ambiciosos” para que puedan ser cumplidos en los tiempos fijados, y sostiene que los aspectos “socioeconómicos actuales, entre otros puntos, hicieron necesario poner plazos de ejecución más asequibles”.
La propuesta plantea una prórroga de dos años para cumplir los requisitos que establece la norma
Aprobada en 2015 y puesta en práctica a partir de 2017, la Ley de Seguridad Eléctrica definió una serie de exigencias para cumplir en las nuevas instalaciones eléctricas, que desde entonces deben estar certificadas por un electricista matriculado, tanto en el sector público como privado. El requisito obligó a la capacitación de 8.500 electricistas cordobeses por parte del Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ersep), quienes pasaron a estar acreditados para realizar instalaciones y certificaciones. Asimismo, desde entonces, las distribuidoras de energía eléctrica no pueden otorgar el servicio a una instalación no habilitada.
Según datos de la fundación Relevando Peligros, en estos casi dos años de implementación de la norma se lograron certificar en toda la provincia 120.000 instalaciones. Por ello, la presidenta de la entidad, Sandra Meyer, manifestó ayer su preocupación: “Venimos de un trabajo diario para que se cumpla con la ley (…), incluso pensando en sumar al debate a las energías renovables; y ahora nos damos con que se pide esta modificación”, se quejó. “Entendemos la situación socioeconómica que vivimos, el costo de adecuar las instalaciones, pero se plantean cambios que significan un retroceso”, lamentó la promotora de la norma.
