La Legislatura de Córdoba tiene bajo su tratamiento un proyecto enviado por el gobernador Juan Schiaretti para modificar la ley 8.936 referida a la conservación y prevención de la degradación de los suelos, retirando a la Agencia Córdoba Ambiente como autoridad de aplicación, para que solo el Ministerio de Agricultura y Ganadería realice “un diagnostico general del estado de los suelos en todo el territorio provincial, desde el punto de vista de las condiciones actuales con relación a su aptitud productiva”. Para ello, el Ministerio declarará los distritos de recuperación de suelos y aquellos de prevención y conservación y establecerá un Catálogo de Prácticas Conservacionistas para aplicar sobre ellos.
Consultado por HOY DÍA CORDOBA, el presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam), el biólogo Raúl Montenegro, quien actualmente se encuentra en Francia tras haber sido invitado a una reunión de pensadores de todo el mundo realizada en Delfos (Grecia), indicó que “la ley es el claro resultado de una visión productivista, sesgada y, sobre todo, inconsulta. El gobernador (por Juan Schiaretti) vio frustrado su proyecto de revisión de la ley de bosques -que favorecía los desmontes- pero no parece haber aprendido la lección. Estas modificaciones favorecerán la destrucción de ambientes nativos”. “Con mayoría automática en la Legislatura, lo mejor era que se aprobara su iniciativa de cambios en la ley de suelos sin participación y sin debate técnico. Para el Gobernador, ni siquiera parecen existir las Convenciones, como la de Cambio Climático, la de Diversidad Biológica o la de Desertificación, cuando tales convenciones, en términos de jerarquía normativa, se encuentran por arriba de las leyes nacionales y provinciales”, agregó el ambientalista cordobés.
En los fundamentos de la iniciativa, Schiaretti afirma que la cartera de Agricultura y Ganadería deberá “contribuir al máximo desarrollo sustentable de todos los sectores productivos de la Provincia, con especial énfasis en la conservación de los recursos naturales y la viabilidad económica de las empresas agropecuarias, proponer políticas de uso, manejo y conservación de suelos, promover y establecer indicadores que permitan el uso eficiente de los recursos agua y tierra, y coordinar los consorcios de conservación de los recursos naturales de la Provincia”.
Montenegro, sostuvo que “institucionalmente es inadmisible que no figure la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, más allá de que esta Secretaría haya tenido hasta ahora una gestión mediocre. Aparentemente, para el Gobernador y sus asesores una ley de suelos no tiene nada que ver con la ley provincial de bosques, lo que es absurdo”. En este sentido, afirmó que “en ninguna de las modificaciones se hace alusión a los ambientes nativos que generan suelo. En ambientes templados la formación de 2,5 centímetros de suelo demanda entre 700 y 1200 años. Las verdaderas fábricas de suelo son los ambientes naturales de la provincia, totalmente desprotegidos por el gobierno e ignorados en esta inexplicable modificación normativa”.
Buenas Prácticas Agropecuarias
En su sesión de la víspera, la Legislatura Unicameral aprobó, como preludio del proyecto enviado por el Gobernador sobre la conservación y usos del suelo, el Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias, cuyo objetivo es la aplicación de una política agroalimentaria que contribuya al desarrollo sostenible, promoviendo su adopción voluntaria por parte de los productores agropecuarios a través de un sistema de incentivos.
Estas Buenas Prácticas Agropecuarias (“BPAs”) son el conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas tendientes a reducir los riesgos físicos, químicos y biológicos en la producción, procesamiento, almacenamiento y transporte de productos de origen agropecuario, orientadas a asegurar la inocuidad del producto, la protección del ambiente y del personal involucrado.
