La Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) denunció ayer que la empresa Taym, dedicada a almacenar residuos altamente peligrosos, está cambiando la topografía aguas arriba de la planta ubicada sobre la ruta nacional 36, con el objetivo de “protegerse de su mala localización”.
La ONG ambiental con status consultivo en Naciones Unidas indicó que, gracias a la tarea de vigilancia que realizan los Vecinos Autoconvocados de Santa María Sin Basura, “pudo fotografiarse la faraónica montaña de tierra que Taym está construyendo aguas arriba de la planta, probablemente para protegerse de futuros movimientos de las aguas –la escorrentía superficial- sin importarle adónde va esa agua desviada, ni los daños que podría provocar”.
El biólogo Raúl Montenegro presentó de hecho la semana pasada una denuncia formal ante el fiscal Alejandro Peralta Ottonello denunciando la presunta ilegalidad de la montaña de tierra que Taym está construyendo aguas arriba y el relleno, también presuntamente ilegal, de la fosa que se inundó en 2017. “Es inadmisible que una planta dedicada a almacenar residuos peligrosos procedentes de todo el país, mal localizada con el aval de la Secretaría de Ambiente de la Provincia, cuyos residuos contaminaron el 28 de marzo de 2017 el canal Los Molinos que abastece de agua para potabilizar a la ciudad de Córdoba, empresa que además está enjuiciada, siga violando la ley con total impunidad”, denunció Montenegro.
El especialista explicó que cualquier obra de gran envergadura como la que está haciendo Taym “debe presentar previamente el estudio de impacto ambiental, y ese estudio deber ser debatido socialmente en audiencia pública. La patética realidad de Córdoba es que los vecinos situados aguas arriba y aguas debajo de la planta se enteraron por sí mismos de la faraónica obra del grupo Benito Roggio, al cual pertenece Taym. No debe aceptarse que una empresa peligrosa y enjuiciada se ría de la comunidad y de la propia justicia rellenando una fosa y construyendo una montaña de tierra que la proteja de crecientes, todo ello sin importarle lo que suceda con el futuro desvío de aguas”.
“Si Taym presentó el estudio de impacto ambiental a la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, algo que no sabemos, y el Gobierno lo mantuvo en secreto y no convocó a audiencia pública previa, nos encontraríamos ante una situación de complicidad que debería ser denunciada penalmente. También es posible que Taym presentara un aviso de proyecto (…) o que no presentara nada. Para que todo esto se dilucide, hicimos la presentación ante la fiscalía”, completó Montenegro.
Vale recordar que en 2017, el derrumbe de un terraplén de la planta produjo el derrame de material altamente tóxico por el canal Los Molinos, que después se comprobó llegó hasta la planta potabilizadora de Aguas Cordobesas, que abastase de agua potable a nuestra ciudad. Ante la gravedad de esos hechos y los nuevos acontecimientos, Funam volvió a exigir ayer que Taym “sea definitivamente cerrada y se proceda a su remediación, esto último previo estudio de impacto ambiental y audiencia pública”.
Por otra parte, el viceintendente de nuestra ciudad, Daniel Passerini, y numerosos concejales recibieron ayer una nota por la cual siete organizaciones ambientalistas solicitaron una ordenanza que disponga una evaluación ambiental estratégica prevista en la Ley 10.208 para el entorno de la Reserva San Martín, en una franja de dos kilómetros de ancho a ambos lados del curso del río Suquía, desde el viaducto de la avenida de Circunvalación frente al Estadio Kempes, hasta el límite oeste del ejido de la ciudad de Córdoba.
