Tucumán, la única provincia que no adhirió a la «Ley Micaela», registró en lo que va del año seis femicidios, y desde diferentes sectores de la sociedad reclaman la puesta en marcha de la normativa que dispone la obligación de capacitar a funcionarios y agentes del Estado en violencia de género.
El tema estará en el centro del debate en la próxima sesión de la Legislatura provincial, desde donde voceros confirmaron que se desarrollará el jueves 21 de mayo, a las 8.30, y que la comisión de Derechos de la Mujer, que preside Sara Alperovich, tendrá la tarea de consensuar con los representantes de los bloques que presentaron proyectos.
«El objetivo es que llegue al recinto el menor número de proyectos posible para el debate», señaló una fuente consultada por la agencia de noticias estatal Télam.
La demora en la adhesión de Tucumán a la «Ley Micaela» motivó diferentes reacciones en las últimas horas y el gobernador Juan Manzur se pronunció a favor de que la Legislatura replique la norma nacional.
«Somos conscientes de la grave situación de violencia e inequidad de género, y que se ha acrecentado en estos tiempos inéditos que nos atraviesan», dijo ayer Manzur en alusión a los casos registrados en el ámbito doméstico durante el aislamiento por el coronavirus.
En la provincia se registraron este año seis femicidios, más de la mitad de los 11 que hubo durante todo el año pasado, lo que refleja un incremento importante en los casos.
Lucana Frías, Alba Silva, Luciana Beatriz Salazar, Jessica Paola Ortiz, María Sarmiento y Natalia Coronel son las víctimas que perdieron la vida a raíz del ataque de sus respectivas parejas en los primeros meses del año.
La postura de Manzur fue apoyada por el Gobierno nacional a través la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, y de la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, quienes se pronunciaron a favor de que la provincia se sume al resto de los 23 distritos del país.
La polémica se reavivó horas antes, cuando Ricardo Bussi, legislador de Fuerza Republicana e hijo del genocida Antonio Bussi, dijo que desconocía que se cometieran asesinatos por la «condición de mujer», en una entrevista radial.
«Es el perfecto ejemplo de la necesidad de adherir a la Ley Micaela para capacitar a funcionarios y agentes del Estado en violencia de género», respondieron los legisladores de otras bancadas.
La titular de la organización feminista «Mujeres x mujeres», Soledad Deza, señaló que la provincia necesita «adherir sin modificaciones a la Ley Micaela» y lamentó que algunos legisladores propongan modificaciones que «buscan legitimar discursos violentos en estos tiempos de pandemia y desigualdad de género».
