Mientras se espera que mañana la Legislatura Unicameral apruebe la declaración de utilidad pública los terrenos lindantes al sector, el representante del Foro Ambiental Córdoba señaló esta mañana que hay poca participación de la gente en el proceso de definición. Hay impacto ambiental. Las cosas se hicieron al revés, primero tendría que haberse hecho el estudio de impacto y luego presentar el proyecto”.
El lunes, Jorge Alves, presidente de Caminos de las Sierras, señaló que -por el contrario- el pedido para declarar la utilidad pública de los terrenos es el paso anterior al estudio.
Por su parte, Raúl Montenegro, de Funam, denunció que el gobernador Juan Schiaretti estaría violando la ley al avanzar con gestiones crediticias, proyectos de ley para expropiación y llamados a licitación cuando la obra carece de estudio de impacto ambiental y audiencia pública.
«En una provincia donde se quemaron más de 320.000 hectáreas, en su mayor parte ambiente nativo, donde la mayor parte de las cuencas hídricas se vieron afectadas por el fuego y ya tenían signos previos de desmanejo… el proyecto sólo agrava problemas cuando hay alternativas menos costosas y más inteligentes».
Además, pidió a la justicia provincial que «investigue las gestiones crediticias del gobierno provincial con el Banco de Desarrollo de América Latina, entidad que proporcionaría los 75 millones de dólares para la obra. Es fundamental que sepamos cuáles son los compromisos asumidos, si los hay, y cuál fue la traza presentada. Urge conocer las eventuales responsabilidades del gobernador Juan Schiaretti, del Secretario de Ambiente Juan Carlos Scotto y del titular de la empresa Caminos de las Sierras, Jorge Alves».
De manera paralela, no se descartó hacer presentaciones ante el Banco de Desarrollo de América Latina porque no se habría comunicado la ausencia de licencia social para la obra.
