La ONU presiona a Paraguay por el asesinato de dos niñas argentinas

Al asesinato de las dos niñas argentinas, se suma la desaparición de su prima en diciembre, quien fue una testigo del crimen perpetuado por militares paraguayos

Cada vez más irregularidades se suman al asesinato de las dos niñas argentinas de 11 años, Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, quienes murieron en manos de militares paraguayos.

Este crimen, ocurrido en septiembre del 2020, cuando se realizó una operación de las Fuerzas Armadas paraguayas contra el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), estuvo plagado de irregularidades y ocultamientos desde el primer momento. Cuando sucedió, el presidente Mario Abdo Benítez informó: “Hemos tenido un operativo exitoso en contra del EPP. Luego de un enfrentamiento, dos integrantes de este grupo armado han sido abatidos”. De esta manera, intentaron instalar la versión de que las menores eran parte del campamento que tenía el grupo guerrillero en una zona selvática del norte del país. 

Sin embargo, familiares desmintieron desde el primer momento esta versión. Lilian y María eran primas y vivían con la abuela en la provincia argentina de Misiones, según comentaron. A finales del 2019, cruzaron a Paraguay para reunirse con sus padres por primera vez, pero no pudieron regresar al país por el cierre de fronteras a causa de la pandemia. Y si bien admiten que los padres son integrantes del grupo guerrillero, niegan que las niñas lo hayan sido.

Para el Gobierno, en cambio, ambas eran niñas soldado que fueron usadas como “escudos humanos” por los adultos en el campamento. De esta manera, la versión oficial sostiene que las dos víctimas iban armadas y una de ellas disparó. “Las últimas pericias que se realizaron determinaron que una de las niñas disparó a los efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta con una pistola nueve milímetros”, dijo el fiscal Federico Delfino, a cargo de la investigación.

Desde ese momento, la ONU detectó una gran cantidad de irregularidades, entre las que se encuentran el haber enterrado a las víctimas sin realizar una autopsia y haber quemado su ropa como supuestas medidas de prevención ante la covid-19 aunque el Gobierno no indicó que las menores tuvieran síntomas de coronavirus. Tampoco quemó otras prendas halladas en el campamento y exhibidas a los medios, ni sábanas, paquetes de alimentos y otros objetos incautados, y en ningún momento explicó por qué usaron un protocolo distinto para la ropa de las víctimas.

Según peritos del Grupo de Expertos Forenses Independientes quemar la vestimenta de las niñas “representa la destrucción de evidencia crucial que viola los principios más básicos y fundamentales forenses y de la investigación penal”. La ropa podría haber ayudado a determinar correctamente la distancia entre el arma y la víctima, ya que de haber recibido disparos a corta distancia podrían haber quedado marcas de hollín, fuego y humo en ella, señalan en el informe.

Pero esto no es todo. En diciembre, ocurrió la desaparición de una menor de 14 años que habría sido testigo de la muerte de las dos niñas. Se trata de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, prima de las menores asesinadas y que estuvo en el operativo militar. No sólo eso, la madre de Carmen y tía de las niñas muertas, Laura Villalba, se encuentra detenida por el estado paraguayo.

Por todas estas cuestiones, la máxima funcionaria de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, expresó su preocupación por la situación. En este sentido, la ONU ha pedido a las autoridades del país a "buscar de forma inmediata a la niña desaparecida" y exige al Gobierno que "determine por qué no se realizó un examen forense completo".

"La investigación debe examinar además por qué se han destruido pruebas importantes", aseveró Bachelet. Por otra parte, ha exhortado a Asunción a facilitar información sobre la situación de la tía, de la menor, Laura Villalba, y a garantizar que sus derechos son respetados y que se cumple con el Derecho Internacional.

Bachelet ha recalcado la importancia de revisar el funcionamiento de las fuerzas de seguridad y su forma de actuar. En este sentido, ha hecho hincapié en que las autoridades deben "respetar los derechos humanos y sus compromisos a la hora de abordar actividades criminales y cuestiones relacionadas con la seguridad".

 

 
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