El 58,83% de las familias cordobesas necesitó ayuda estatal para acceder a la totalidad de los alimentos de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), mientras que sólo el 41% pudo afrontar el gasto con recursos propios, durante el pasado mes de marzo. Los datos se desprenden de un relevamiento realizado por el departamento de Estadísticas y Tendencias del Centro de Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes Minoristas de Córdoba.
El informe detalla que del 58,83% de los encuestados que se valieron de la ayuda estatal para comprar los alimentos, el 42,54% indicó cobrar la Asignación Universal por Hijo, el 40,25% la tarjeta Alimentar, el 6% la Tarjeta Social de la Provincia y el 11% recibió otro tipo de asistencia pública. Según el informe, durante el mes último la canasta básica registró un incremento de 3,85% con respecto a febrero, y 12% acumulado en el primer trimestre. En tanto, el acumulado desde el inicio de la pandemia, fue del 45,39%.
El precio de los alimentos aumentó 45,39% desde el inicio de la pandemia
A raíz de este incremento, el costo de la CBA para una familia tipo alcanzó los $ 44.093 mensuales en la provincia. Los mayores aumentos interanuales se vieron en el precio de la carne vacuna (125,97%), de pollo (118,83%), y porcina (106,82%). En tanto, otro dato que destaca el informe es que, durante el mes pasado, una de cada tres familias cordobesas (34,4%) no pudo acceder a todos los productos de la CBA. Con respecto al porcentaje de ingresos que destinaron los cordobeses en marzo a la compra de alimentos, el 51,6% de los encuestados indicó que gasta la mitad o más de la mitad del dinero que obtiene en comida.
El reporte del Centro de Almaceneros también midió la inflación mensual, la cual trepó al 3,83%, acumulando 11,64% desde el inicio de 2021 en Córdoba. En tanto, la suba interanual registrada desde el comienzo de la pandemia fue del 42,15%. El Centro de Almaceneros estableció en $ 61.854 lo que necesita gastar una familia para afrontar la Canasta Básica Total mensual. La profunda brecha entre salarios y precios, el marcado crecimiento del desempleo, la escasa actividad de autónomos, entre otros muchos factores, ponen en jaque la economía familiar de nutridos grupos de la población.
Estos grupos, que no cuentan ya con los principales soportes financieros (…) que el Estado otorgó durante algunos meses después del Aspo (aislamiento social preventivo y obligatorio), continúan afrontando una inseguridad económica, laboral y social que no solo no cesó, sino que en muchos casos se agudizó”, indica el estudio y agrega que estos grupos comienzan a descender – algunos por primera vez- a niveles de pobreza e indigencia, mientras que para otros se agudiza aún más su estado de vulnerabilidad”.
