En Capital se iniciaron 426 causas por desalojos entre marzo y abril

En un comunicado emitido hoy, la asociación informó que las familias que deben renovar sus contratos se encuentran con aumentos superiores al 60%

En Capital se iniciaron 426 causas por desalojos entre marzo y abril

La organización Inquilinos Córdoba emitió en el día hoy un comunicado donde expusieron la situación de las familias inquilinas de la provincia y apuntaron contra el Protocolo Nacional de alerta temprana de desalojos de vivienda única y familiar en regímenes de alquileres formales que fue aprobado en abril pasado como Resolución 5/2021.

Hace 45 días el Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi anunció que no prorrogaría el DNU de congelamiento de alquileres y prohibición de desalojos. Ante esta decisión Inquilinos Córdoba expresó que las familias se encuentran a la deriva y siendo víctimas de un mercado inmobiliario totalmente voraz y falto de control”.

Según detallan en el comunicado las familias que por vencimiento de contrato deben renovar o buscar una nueva vivienda, se encuentran con aumentos superiores al 60% entre contratos. Y respecto a los desalojos, la organización recabó datos que revelan que solamente en la capital entre abril y marzo del 2021, se iniciaron 426 causas por desalojos. Es decir, que a pesar de la prohibición de desalojar estipulada en el DNU 320/20, habrá más de una familia a ser desalojada por día.

Desde aumento de precios de los alquileres imposibles de afrontar, la presión para diversas formas de pago sin registro bancario, las exigencias en conceptos de garantías o gastos ilegales hasta la ejecución de desalojos cuando la vigencia, hasta el 31/3/21, del DNU 320 lo prohibía expresamente. Estas son algunos de los aspectos que hoy, en soledad, tienen que afrontar los y las inquilinas con la incertidumbre y la angustia de quedarse en la calle en el marco de una segunda ola que golpea mucho más fuerte”, manifiesta el comunicado.

Las organización alega que antes esta problemática no hay respuestas claras desde el Estado y que incluso hubo incumplimientos tanto del DNU 320/20, como de la Ley 27551 de alquileres por parte de los locadores o de sus representantes, los corredores matriculados y también los que ejercen de modo ilegal.

Por otro lado, realizaron duras críticas al Protocolo Nacional de alerta temprana de desalojos de vivienda única y familiar en regímenes de alquileres formales aprobado en abril y publicado como Resolución 5/2021.

En primer lugar, señalan que el protocolo no incluye a los contratos de locación que venían teniendo cumplimiento previamente a la entrada en vigencia de la Ley de Alquileres (Ley 27551) el 1 de julio de 2020. Este dato no es menor, ya que la gran mayoría de los y las inquilinas que han hecho uso del DNU de alquileres tienen contratos celebrados con fecha anterior al 1 de julio de 2020.

Por otra parte, también destacan que al hablar de alquileres formales” el protocolo desconoce la existencia del alquiler informal que abarca desde la ausencia de contratos, los subalquileres, las pensiones y hoteles familiares a los que acceden las personas y/o familiar de mayor grado de vulnerabilidad”.

Aún así afirman que valoran la creación del protocolo: Inquilinos Córdoba valora la confección del protocolo aunque señala enfáticamente que debe incluir además de los alquileres formales a las personas inquilinas que alquilan de modo informal. Además, debe abarcar a quienes han celebrado formalmente sus contratos de locación previo a la sanción de la Ley 27551 y dado que no existía obligatoriedad de inscripción en AFIP esos contratos mayoritariamente no se encuentran inscriptos”.

Por último, el documento afirma que la asociación no ha sido contactada por ningún estamento de los tres niveles del Estado a los fines de articular acciones que permitan poner en marcha el protocolo de alerta temprana o para aportar soluciones a los y las inquilinas que se encuentran excluidos del protocolo.

Y concluyeron: El Protocolo Nacional de alerta temprana de desalojos, sólo será eficaz en la medida en que los distintos niveles de gobierno trabajen coordinadamente y sumen a la mesa de trabajo a las organizaciones de la sociedad civil; mientras tanto sólo tenemos la letra muerta de una norma que no contempla ni abarca la realidad inquilina en Argentina en pandemia”.

 

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