Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria por diez días, prorrogables en caso de que empresarios y sindicalistas no lleguen a un acuerdo. Para el jueves 29 de abril las partes fueron citadas para una audiencia.
La cartera laboral llamó a «mantener la mejor predisposición y apertura para negociar los temas sobre los cuales mantienen diferencias y contribuir, de esa manera, a la paz social y a mejorar el marco de las relaciones laborales en el seno de las empresas involucradas».
Desde UTA habían emitido un comunicado en el cual acusaban a las cámaras patronales de no dar «respuesta a los pedidos salariales» como tampoco incluir «en un plan de vacunación contra el Covid-19» tanto a «los trabajadores del Área Metropolitana de Buenos Aires» como «a los del Interior del país».
El gremio pretende una recomposición salarial para este año equivalente a la inflación: a fines de febrero había dejado sin efecto un paro tras aceptar el pago de 15 mil pesos en tres cuotas iguales, como cierre de la paritaria del 2020.
«Exigimos que tanto las autoridades del Ministerio de Transporte como los empresarios sepan que el conflicto salarial no se resuelve sin la sensibilidad y la justicia social que las actuales circunstancias demandan. Queremos urgentes respuestas para llevar el sustento a nuestras familias. Con eso no se juega y lo defenderemos hasta las últimas consecuencias», declaró el secretario general de la UTA, Roberto Fernández.
