El Defensor del Pueblo, Mario Decara, elevó un reclamo a organismos nacionales para la protección integral de los derechos de los suscriptores de planes de ahorro. La entidad actuó a raíz de que más de setecientos afectados pidieron su intervención por los aumentos desmedidos en el precio de las cuotas.
Decara solicita que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Inspección General de Justicia (IGJ) implementen medidas urgentes para mitigar los graves perjuicios que el aumento irracional de las cuotas de los Planes de Ahorro causa en la economía de los suscriptores. Considera que el diferimiento del pago como único mecanismo no es suficiente.
Junto al reclamo, también fueron planteadas una serie de propuestas entre las que se destacan:
–Que las empresas administradoras de planes de ahorro vigentes no puedan liquidar cuotas que excedan el 20% del valor de los ingresos mensuales de los suscriptores, incluyendo todos los conceptos excepto el del seguro del automotor correspondiente.
–Que las administradoras de planes de ahorro no puedan exigir otro seguro del automotor que no sea el obligatorio para circular, este es el de responsabilidad civil contra terceros. También la posibilidad de la libre elección y contratación directa del seguro por parte del suscriptor.
–Que el aumento del precio de los bienes a adquirir se abone una vez finalizado el plan, financiado en cuotas mensuales y consecutivas, con idéntico tope hasta alcanzar el pago total adeudado. Esta readecuación financiera no podrá demorar la entrega de la unidad y el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las sociedades administradoras y automotrices.
–Que el valor del bien a adquirir mediante planes de ahorro quede fijado al momento de la firma y que se actualice conforme el índice RIPTE que elabora el BCRA, integrado en un 50% por la inflación y el 50% por el aumento de salarios.
–Que las empresas tengan el deber de informar de manera clara y accesible sobre al carácter variable/fijo de las cuotas, detalle de gastos administrativos, costos de entrega del vehículo, fletes, patentamiento, derecho del suscriptor de solicitar la baja del plan, etc.
–En esa línea, también se pide que que se disponga una reducción mínima del 30% del tope máximo para los montos autorizados a la empresa a percibir en concepto de cargas administrativas, derechos de suscripción y de adjudicación.
–Que se instrumenten medidas efectivas para evitar la publicidad engañosa.
–La obligación, a cargo de las automotrices y concesionarias, de garantizar la existencia de la unidad a la fecha de entrega.
Por último, Mario Decara solicitó a los organismos nacionales una respuesta rápida, concreta y definitiva a la problemática que atraviesan los suscriptores de la provincia de Córdoba y del resto del país, además de sanciones claras y precisas respecto al incumplimiento por parte de las empresas de alguna de las disposiciones implementadas por los organismos estatales.
