En el retorno a la presencialidad en los Tribunales de nuestra provincia, un grupo de empleados judiciales que se resiste a vacunarse contra el Covid-19, se presentó ayer acompañado por escribanos para lograr ingresar sin la correspondiente autorización.
En ese sentido, el Administrador General del Poder Judicial de Córdoba, Ricardo Rosemberg, confirmó que denunciarán penalmente a esos trabajadores ya que los hechos configurarían posibles ilícitos por atentar contra la salud pública”.
Según explicó Rosemberg, aquellos agentes que se presentaron con escribanos, ya fueron licenciados sin goce de sueldo tras labrárseles un acta. Sin embargo, algunos evitaron los controles y se instalaron en sus oficinas con la intención de trabajar.
Ambos episodios representan un grupo de aproximadamente 14 empleados judiciales que pretenden regresar a la presencialidad pero que se niegan a inocularse y a hacerse la prueba del PCR cada 72 horas, como establece el protocolo de seguridad sanitaria.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) deberá resolver el recurso de reconsideración que presentaron los empleados rebeldes” el pasado martes. Mientras tanto, consideran que la situación genera factores de riesgo.
Por su parte, para el ex vocal del Alto Cuerpo y especialista en bioética, Armando Andruet, estos trabajadores demuestran una actitud de intolerancia y desacuerdo” con la vida comunitaria. El consenso básico es hacerse un PCR, es la mínima exigencia y no afecta ningún derecho fundamental”, subrayó y señaló que esto queda definido en el acuerdo de presencialidad del Poder Judicial, al dar la opción de presentar un test negativo a quienes opten por no vacunarse.
Además, remarcó que existen innumerables lugares para realizar la prueba por lo que es una práctica dinámica que da tranquilidad y no implica invasibilidad”. No hay discriminación en pedir PCR, se trata de un gesto para vivir en comunidad”, recalcó y finalizó: Yo me esfuerzo en respetar los grupos antivacunas, pero ellos también tienen que respetarme a mí”.
El gremio controló el distanciamiento social
La Comisión Directiva de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de Córdoba (Agepj) supervisó ayer el cumplimiento del distanciamiento social en los edificios de Tribunales, ante la nueva situación de mayor presencialidad.
La resolución número 152 del 21 de julio pasado dispuso que la presencialidad en los espacios cerrados de las distintas dependencias del Poder Judicial debe asegurar que las personas mantengan entre ellas una distancia mínima de dos metros y el resto de medidas de cuidado: como el uso permanente del tapabocas, higienizarse asiduamente las manos, toser en el pliegue del codo, desinfectar las superficies, y ventilación de los ambientes”.
Durante el recorrido de supervisión, se verificó que en algunos edificios se mantiene el sistema de rotación y burbujas debido a que las dimensiones de las oficinas no permiten una presencialidad total. Algo que desde el sindicato calificaron como una muestra de sensatez”.
En tanto, Agepj confirmó que continuará verificando el cumplimiento de las actuales disposiciones sanitarias mientras se mantengan vigentes y que en los lugares donde haya incumplimientos se denunciará la situación.
