Intentar entender los procesos que llevaron a la separación de cinco agentes que prestaban servicios en el IPEM N° 389, de Agua de Oro, es una tarea compleja. Desde la primera denuncia de un estudiante, hasta el momento de la publicación de una carta abierta a la comunidad por parte de un grupo de padres, pasaron casi dos semanas, en las cuales alumnos y alumnas encontraron dificultades para ser escuchados por parte de adultos. En esa carta los padres hablaban de ir hasta las últimas consecuencias” porque no toleraban más” la vulneración de derechos.
Al IPEM 387 concurren unos 450 alumnos. La plantilla docente es de alrededor de 50. Cinco agentes permanecen separados de sus cargos. Los testimonios relacionados con la vulneración de derechos a través de un acoso verbal, por ejemplo, comenzaron a aparecer después una primera comunicación a la directora, Mariana Carranzani.
Un estudiante me puso en conocimiento de que existía un malestar -y esta es la palabra que utilizó- con un adulto trabajador de la escuela, que se refería de forma inapropiada hacia los estudiantes. Entonces le expliqué que necesitaba algún tipo de testimonio, que podía ser anónimo, para iniciar el protocolo correspondiente”, cuenta Carranzani mediante una nota de voz con este diario.
La versión de los padres indica que esto sucedió el 6 de octubre, y, ante las respuestas dilatorias y culpabilizadoras” de la directora, el Centro de Estudiantes decidió realizar una pegatina de carteles en la que reclamaban ser escuchados.
Se activó el protocolo, por lo que la inspección y EPAE (Equipo profesional de Acompañamiento Educativo) tomaron conocimiento. Ellos ya tenían la documentación pertinente el día 15 de octubre”, explica Carranzani.
El ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba publica en su web la Resolución del Consejo Federal de Educación 217/14, donde se detallan pasos a seguir ante situaciones complejas en el ámbito escolar. Provincias como Entre Ríos, por ejemplo, cuentan con protocolos públicos, donde los directivos de una institución educativa primaria o media están obligados a comunicar la presunción de hechos de vulneración de derechos a un juez de menores, en el transcurso de 24 horas de conocida la versión.
Ante la repregunta de este cronista sobre qué protocolos específicos se aplicaron en este caso, Carranzani dijo: Los protocolos, a nosotros nos llegan desde SENAF (Secretaría de la Niñez Adolescencia y Familia) para la aplicación de medidas que resguarden a los menores. Estos consisten en informar inmediatamente a la supervisión, a la inspección y al EPAE”.
No existe un acceso libre para toda la comunidad educativa que nos permita saber cómo funcionan esos protocolos. No están al alcance de la mano. Tampoco existe la aplicación de la Ley Micaela, que dice que todas las personas deben formarse en relación a cuestiones de género”, opina Patrizia Quaglia, del Observatorio de Situación de Salud Socioambiental y Educativa de niños, niñas y adolescentes de las Sierras Chicas.
Las reuniones entre alumnos, autoridades del colegio y un grupo de padres continuaron durante la semana pasada. Incluso llegaron a la institución autoridades de la inspección zonal y del ministerio de Educación. El sábado, los padres conformaron una comisión para seguir el caso.
Es necesario no naturalizar más hechos que eran vox populi entre los estudiantes y que eran sufridos por distintas camadas a lo largo de los años”, dice una de las madres.
La naturalización de los hechos de acoso verbal dentro del IPEM era tal, que, según cuenta Patrizia Quaglia, las reuniones habilitaron la aparición de voces calladas durante años. Tanto que una madre contó que ella, como alumna, había sufrido situaciones de violencia verbal con uno de los agentes. Y que, en el momento en que su hija comenzó a cursar en la institución, le advirtió que podrían generarse este tipo de situaciones. Violencia y silencio. De generación a generación.
Los días pasaron. El Centro de Estudiantes pegó carteles otra vez. Es que, según los padres, la propia directora los arrancó diciendo que sus reclamos ya habían sido escuchados”. Siguieron las reuniones, y lo que en principio era una voz de pasillos tomó estado público. Y fueron cinco los agentes separados. Los padres cerraban una carta abierta a la comunidad, publicada durante la semana pasada, diciendo que irán hasta las últimas consecuencias y que no permitirían represalias”.
La escuela es un espacio de libertad. Y solo puede ser libre aquel que accede al conocimiento. Y para acceder al conocimiento es necesario un espacio de seguridad, de tranquilidad y de no manipulación de los jóvenes”, opina Mariana Carranzani.
Nosotros vamos a acompañar todo el proceso, hasta que culmine la investigación, para que se cumplan las leyes y se garanticen los derechos”, dice una de las madres, que el sábado accedió a ser parte de la Asamblea Autoconvocada de Familias del IPEM 387.
Dos de las personas involucradas fueron trasladadas a instituciones donde no hay menores. Otros tres agentes no van a asistir al IPEM 387, pero sí siguen estando en contacto con menores en otras instituciones de la zona”, cuentan desde el Observatorio de Derechos en Sierras Chicas.
Una historia de violencia institucional lejos de quedar cerrada.
