La implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) no se detuvo en Córdoba a pesar de que el gobierno nacional no envía los insumos desde enero, a pocos días que asumiera el nuevo presidente, Javier Milei. Desde entonces, la Provincia se vio obligada a aprovisionar hospitales y centros de salud con la medicación necesaria para esta práctica, esto es mifepristona, misoprostol y Mifekit (Misoprostol + Mifepristona).
El dato fue confirmado por fuentes del Ministerio de Salud, quienes indicaron que los envíos de Nación se vieron limitados también en el suministro de anticonceptivos. Esto implicó “la necesidad de incorporar la compra de estos insumos por parte de la Provincia, así como la logística de distribución a los centros de salud”, explicaron.
“Desde gobierno nacional se informa que se seguirá proveyendo de insumos para salud sexual a las provincias, pero no se presenta planificación de envíos ni fechas sistemáticas, de manera de considerar esta información en una planificación”, indicaron desde la cartera sanitaria provincial ante la consulta del diario La Voz del Interior.
Si bien la Ley 27.610 de IVE no especifica qué organismo debe suministrar la medicación, ésta había sido costeada siempre (incluso antes de la ley, con interrupciones legales del embarazo) por la Nación.
Ana Morillo, integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir y de Católicas por el Derecho a Decidir, además de ser encargada del Centro de Salud 67 de Córdoba, explicó: “El último remanente que llegó de Nación fue en diciembre de 2023. Desde enero, la Provincia es quien está comprando, pero la provisión es ajustada y reducida. Esto ha generado que tengamos que pedirle en algunas oportunidades a las mujeres que regresen, si no tenemos stock en un centro de salud en particular”.
El impacto de esta situación es más grave en las zonas rurales. “Si esto sucede en Córdoba Capital, imaginemos lo que ocurre en el interior”, remarcó Morillo. “No sabemos qué mecanismo de compra está utilizando la Provincia, pero es claro que la situación es precaria y no sabemos hasta cuándo podrán sostener este sistema”, dijo.
Además, destacó que desde el gobierno nacional no solo se está afectando la provisión de medicamentos para la IVE, sino también otros insumos médicos esenciales, como vacunas y medicación para tratamientos oncológicos.
Sin acuerdos previos ni presupuestos acordes, la Nación simplemente cortó el envío de la medicación y empujó a los gobiernos locales a hacerse cargo del cumplimiento de leyes y tratamientos. “Milei no está promoviendo un mercado con una sociedad que abastezca y sostenga, como él dice, porque hay una desigualdad enorme que no lo permite”, entendió Morillo.
Además de lo que implica el corrimiento del Estado de la salud de las personas, la trabajadora social interpreta que desde el Gobierno Nacional también se busca desalentar la implementación de la ley, sin decirlo.
Lidia Zurbriggen, integrante de Socorristas Hilando Córdoba, señaló que la situación económica también fue empeorando el acceso. “Muchas de las personas que acompañamos telefónicamente están en una situación social y económica muy difícil. Algunas no pueden ni siquiera pagar el colectivo para asistir a los talleres que damos con información o para ir al centro de salud”, aseguró.
Zurbriggen también subrayó la importancia de garantizar un acceso real y efectivo a los derechos sexuales y reproductivos. “Muchas veces se sigue exigiendo la ecografía previa al proceso, que no es obligatoria en el primer trimestre, y eso se convierte en una barrera. En localidades pequeñas, no siempre hay acceso fácil a una ecografía, y el embarazo avanza y se demora la aplicación que la misma ley indica que debe cumplirse dentro de un plazo de 10 días desde que la gestante lo solicita”, dijo.
En el acompañamiento que hacen las socorristas brindan información sobre el proceso a las personas que consultan y les indican cuál es el centro de salud más cercano a su domicilio, cuáles son más amigables y mantienen el acompañamiento hasta luego de que terminó el proceso.
¿Por qué las mujeres siguen acudiendo a las socorristas, si el aborto ya es legal? Según un propio registro que hace Hilando de los llamados que reciben, muchas acuden a las socorristas porque no se sintieron bien tratadas en un centro de salud y necesitan recomendación de otro, o porque en lugares chicos tienen conocidos en el centro de salud cercano y no quieren que se entere su entorno, entre otras razones.
A pesar de las dificultades, tanto Morillo como Zurbriggen sostienen que los profesionales garantistas se van ampliando y que las prácticas se están implementando. Incluso a pesar de los intentos de frenar la ley en la Justicia. “La ley es muy robusta y hasta ahora todos los intentos por limitarla fueron rechazados”, recordaron ambas.
La falta de insumos y el retraso en la provisión de anticonceptivos son solo algunos de los problemas que resaltan la urgencia de una respuesta integral. Como concluyó Morillo: “No queremos que se termine responsabilizando solo a las provincias por algo que debería ser garantizado por el Estado nacional. Lo que está en juego es la vida y la salud de las mujeres”.
