El Foro Ambiental Córdoba expresó su preocupación por diferentes aspectos del proyecto de “Ley Bases” debido a que amenazan con ser lesivos a la protección ambiental. Frente a la reciente media sanción, 34 organizaciones civiles vinculadas a la temática ambiental señalan que se estaría violando el principio de no regresión contenido en el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566) que establece que la legislación ambiental no puede empeorar la situación del derecho vigente desde las perspectivas de su alcance y amplitud.
Esto fue expresado en un documento elaborado conjuntamente por organizaciones de la sociedad civil, tales como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, así como la institución cordobesa. El mismo fue entregado a los presidentes de los distintos bloques del Senado.
En la carta, señalan que resulta particularmente peligroso que en el artículo 3 (reorganización administrativa) se faculte al Ejecutivo a poder transformar su estructura jurídica, disminuir sus competencias o, incluso eliminar organismos públicos. Esto debido a que podría eliminar la Administración de Parques Nacionales, el Instituto Nacional del Agua, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el Organismo Regulador de Seguridad de Presas y el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología, entre otros. Todos ellos con importantísimas funciones de control e investigaciones sobre aspectos centrales en materia ambiental.
Por otro lado, hacen referencia al artículo 5 que faculta al Poder Ejecutivo “a modificar, transformar, unificar, disolver, liquidar o cancelar los fondos fiduciarios públicos”. Allí destacan que es preocupante para los firmantes el destino final del “Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos”, el “Fondo Nacional del Manejo del Fuego” y otros fondos orientados al Desarrollo de Energías Renovables y a la promoción de generación distribuida de energías renovables.
Además, el Foro Ambiental Córdoba y los otros firmantes han planteado el rechazo a varias secciones del Título 8 sobre Régimen de incentivo para grandes inversiones, dado que “no se contempla aspectos ambientales a dichas inversiones sino que solo tiene una visión productivista y utilitarista de los bienes comunes, normalmente denominados recursos naturales”.
