La Cámara Contencioso Administrativa de segunda nominación de Córdoba emplazó al gobierno provincial para que informe sobre una serie de aspectos arqueológicos, paleontológicos y vinculados al medio ambiente por la construcción de la autovía de Punilla.
El fallo responde a las últimas medidas cautelares presentadas en el marco de la causa iniciada en 2017 por vecinos y organizaciones que solicitan suspender la obra vial que unirá Costa Azul con La Cumbre, dado que consideran que causará un impacto ambiental y cultural.
La resolución que lleva la firma de la vocal María Inés del Carmen Ortiz –Soledad Puigdellibol, la otra vocal se apartó por haber sido hasta mayo de este año fiscal de Cámara Contecioso Administrativa y Electoral de la Provincia– no avanza sobre la cuestión vinculada a la legalidad de la licencia ambiental otorgada por la Secretaría de Ambiente de la Provincia el año pasado. Sobre este aspecto, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) meses atrás no hizo lugar a la cautelar presentada por los ambientalistas y definió que se debe resolver junto con la cuestión de fondo.
De este modo, los trabajos pueden continuar con normalidad. En primer lugar, el planteo de la Cámara establece que la Provincia deberá responder en el plazo de 15 días hábiles administrativos la demanda. Existe la posibilidad de extender el plazo.
Paso seguido, abre una serie de aspectos técnicos que recaen sobre diferentes áreas de la administración provincial.
En segundo término, emplaza a la empresa Caminos de la Sierras, que licitó las obras, y a la Agencia Córdoba Cultura para que “intensifiquen y fortalezcan la mesa de diálogo con el Consejo de Participación Indígena para elaborar los consensos necesarios para preservar y salvaguardar el patrimonio arqueológico y paleontológico”.
El tercer punto le pide a la Provincia a que en 10 días hábiles elabore una serie de informes técnicos que den cuenta sobre la ejecución de “un plan consultivo de manejo para asuntos patrimoniales de los hallazgos arqueológicos y paleontológicos”, “los equipos técnicos y veedores que realizan, monitorean y fiscalizan las acciones destinadas a la preservación” y “la existencia de laboratorios para el trabajo de campo, registro y demarcación de los hallazgos y la programación sobre la puesta en valor de los elementos que se encuentren en las tareas de prospección y excavación”.
