La realidad social en Córdoba evidencia una situación de profunda vulnerabilidad que requiere atención urgente y un compromiso colectivo. La presencia de legisladores provinciales, concejales y representantes de organizaciones sociales refleja la conciencia y la sensibilidad de distintos actores frente a la problemática del hambre y la inseguridad alimentaria que afecta a muchas familias en la región.
La Mesa por la Emergencia Alimentaria, que surge como un espacio de diálogo y colaboración que busca fortalecer la respuesta social, institucional y comunitaria, presentó un proyecto de ley con el apoyo de la Facultad de Ciencias Sociales (UNC).
El proyecto busca declarar la emergencia alimentaria en la provincia, un paso fundamental para reconocer formalmente la gravedad de la situación y activar mecanismos de respuesta efectiva. La propuesta contempla incrementar la asignación presupuestaria destinada a dispositivos alimentarios, un aspecto crucial para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios ofrecidos en comedores y espacios comunitarios. Sin embargo, también revela las dificultades que enfrenta la gestión local para sostener estas acciones sin un respaldo firme del Gobierno nacional, lo que evidencia la necesidad de un compromiso más amplio y coordinado en todos los niveles de gobierno.
La iniciativa propone además unificar los registros de espacios comunitarios que brindan alimentación, con el fin de optimizar recursos, evitar duplicidades y garantizar que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan.
Los representantes de la Mesa por la Emergencia Alimentaria, desde los legisladores hasta los concejales y representantes de organizaciones sociales, muestran una voluntad de diálogo y cooperación que refleja la fuerza del sentido de pertenencia social.
Además, la participación del Arzobispado, a través de la Vicaría de los Pobres y la Pastoral Social, subraya la importancia de la dimensión humanitaria y espiritual en la construcción de una sociedad más justa y solidaria. La inclusión de diferentes actores, como el Centro de Almaceneros y la Municipalidad de Villa Allende, evidencia un abordaje multisectorial que busca soluciones integrales.
En un contexto donde las desigualdades sociales se agudizan, estas acciones representan la esperanza y la fuerza del compromiso colectivo por una Córdoba más inclusiva y solidaria. La articulación entre instituciones públicas, organizaciones sociales y la comunidad en general es fundamental para construir un sentido de pertenencia social que impulse cambios reales y duraderos, garantizando que nadie quede atrás en la lucha contra el hambre y la exclusión.
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