El gobernador Martín Llaryora hizo ayer entrega en la ciudad de Río Cuarto de 200 armas no letales destinadas a la Policía del departamento Río Cuarto. Además, el nuevo mandatario provincial anunció que se incorporaron 40 agentes y 10 oficiales a la fuerza.
Al mismo tiempo, Llaryora destacó que, con los dos centenares de armas no letales incorporadas, Córdoba será la provincia que más instrumentos de ese tipo tenga en funcionamiento en todo el país.
“Las armas no letales son una estrategia nueva y moderna; se usan en las grandes ciudades del mundo, en los países desarrollados, en las fuerzas de seguridad de élite; permiten actuar sin la necesidad del uso de la fuerza, cuidando la vida de ustedes y cuidando la vida de la gente”, afirmó Llaryora y pidió a los efectivos que usen estas armas no letales “con cuidado, cuidando los protocolos”.
El titular del Centro Cívico también anunció que enviará un proyecto de ley para que se instale en Río Cuarto una Fiscalía Antinarcótico, ya que actualmente cuenta con una sede móvil, compartida con Río Tercero.
Llaryora estuvo acompañado por la vicegobernadora, Myrian Prunotto; el intendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas; el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; y la jefa de la Policía de Córdoba, Liliana Zárate Belletti, entre otras autoridades.
En el mismo sentido, Quinteros confirmó el envío a la Legislatura de un proyecto de ley que tiene como objetivo impulsar una reformar en torno a las políticas integrales para afrentar el delito.
El funcionario adelantó que la «reforma integral del sistema de seguridad», entre sus principales puntos incluye que «la seguridad privada podrá utilizar armas no letales, al igual que los efectivos de prevención y convivencia» de la Policía municipal, a crearse próximamente. Hasta el momento, la Policía provincial utiliza esas armas aunque de manera experimental.
Como se recordará, el domingo pasado en su primer acto en la Unicameral, Llaryora había anunciado un «proyecto de ley que contemple un plan integral de seguridad», con «aumento de los recursos para las fuerzas de seguridad y en especial para las fuerzas antinarcóticos», además de duplicar la cantidad de fiscalías antinarcótico en toda la provincia.
Entre otros puntos, la iniciativa presentada por Quinteros contempla la creación de las «guardias locales de prevención y convivencia», dependientes de los municipios y cuyos efectivos estarán capacitados y certificados para el uso de armas no letales y funcionarán como auxiliares activos de la Policía de Córdoba. También se prevé un «proceso de refuncionalización de la Policía de Córdoba y el Servicio Penitenciario».
Sobre el particular, el flamante mandatario provincial aseveró que desde el Gobierno brindarán el «apoyo incondicional a todos los integrantes de las fuerzas policiales que actúen en el marco de la ley, así como haremos caer todo el peso de la ley a quienes actúen al margen de la misma».
Otro proyecto que dio a conocer Llaryora tiene que ver con la «aplicación obligatoria del narcotest» a todos los funcionarios públicos provinciales, al sostener que «quien consume no puede asumir la responsabilidad a fondo que necesitamos todos para esta batalla». «Lo hicimos en la Municipalidad de Córdoba y lo haremos extensivo al nivel provincial» como punto de partida para la «inquebrantable lucha contra el narcotráfico y narcomenudeo», expresó el Gobernador.
