Madres y padres de víctimas de abuso sexual en instituciones educativas de Córdoba se reunieron hoy con la titular de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia, Amelia López, para plantearle la necesidad de que el organismo tenga una “participación más activa” en las causas que investigan esos delitos.
Vanina, una de las madres que participó de la audiencia, manifestó a la agencia de noticias Télam que “la reunión fue positiva” y que la funcionaria “se ha comprometido a seguir las actuaciones de cada uno de los casos denunciados y que se tramitan en la Justicia”.
En ese sentido dijo que los padres y madres tienen en claro que la Defensoría no puede actuar como parte de los procesos judiciales, pero que “puede articular mecanismos de asesoramiento y contralor para garantizar que las víctimas sean escuchadas y se garanticen sus derechos”.
La Defensoría “puede ser parte de forma indirecta en los procesos judiciales, con recomendaciones para evitar vulneraciones y arbitrariedades”, sostuvo Vanina al afirmar que “existe falsedad ideológica dentro de los equipos técnicos y los psicólogos forenses”, porque «no trabajan escuchando los relatos de los niños y aplican el inexistente SAP (Síndrome de Alienación Parental) en el 99% de los casos”.
Al respecto agregó que las fiscalías que investigan los abusos sexuales a niñas y niños “no están trabajando bien. El mayor problema es que no le creen a los niños. No le dan importancia a la Cámara Gesell como valor probatorio”.
También cuestionó que hoy en la Justicia de Córdoba no existen estadísticas sobre abuso sexual por lo tanto “nuestros hijos abusados ni siquiera son un número y tampoco sabemos sobre los abusadores”, reprochó la mujer. En esta misma línea, afirmó que “la justicia cordobesa sólo se ha empeñado en desoír a los niños y encubrir a las redes de pedofilia y violadores”.
“Vimos cuáles eran las dificultades comunes. No podemos ser partes en los procesos judiciales pero sí podemos prestar asesoramiento y observaciones acorde a nuestra competencia”, resaltó la titular de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia.
En cuanto a estos estos temas, recientemente, más de 60 organizaciones firmaron un documento con reclamos por cambios en la justicia para que, en los procesos judiciales, se garanticen los derechos de niñas, niños y adolescentes.
“¿Qué pasa con la impunidad del abuso sexual en el Poder Judicial?” lleva como título el documento que, entre los principales puntos, reclama por una “reforma judicial que escuche a niñas, niños y adolescentes, que les proteja del abuso sexual, les escuche y les crea”.
También que “el sistema judicial deje de usar para investigar el abuso sexual los mismos métodos que utiliza para otros delitos, teniendo en cuenta que las formas infantiles de expresarse no son las mismas que en personas adultas”.
