El presidente de la Fundación para la Paz y el Cambio Climático, Fernando Míguez, denunció ante la Justicia en lo Penal Económico al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, por los presuntos delitos de «enriquecimiento ilícito, lavado de activos, fraude a un Estado y evasión fiscal».
Míguez, un frecuente denunciador a partir de información periodística, -su reclamo se basa sobre el programa de TV del periodista Jorge Lanata- aclaró que «éste de ninguna manera es un escrito de Corte y Pega de noticias aparecidas en la Prensa Nacional».
La causa, que quedó registrada con el número 1120/2022 ante el juzgado en lo Penal Económico número cuatro, a cargo del juez Alejandro Catania, apunta también a Agustina Propato, la esposa de Berni.
El escrito habla de «un crecimiento exponencial de los activos que la pareja dice haber tenido en su patrimonio personal».
«Las Inversiones en zona sur del País, más precisamente en Bariloche, han tenido un progreso expansivo con un incremento patrimonial que a ojos vista contrasta con el origen de los fondos percibidos que en sí y desde hace años es el de salarios públicos», sostiene la descuidada redacción.
Míguez sostuvo que Berni y su pareja tuvieron «un ahorro y expansión que los hace sospechosos» y reclamó «realizar alguna auditoria que arrojaría una diferencia entre el año 2019 y 2022 de más de 158 millones de pesos».
Además, denunció la supuesta falta de controles por parte de otros organismos del Estado.
«Es dable entender que para que tales maniobras típicas antijurídicas y culpables hayan tenido éxito de debido a la ausencia en el control de varios organismos del estado como son la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), organismos los cuales no están bajo la titularidad de la oposición sino todo lo contrario», proclamó.
El denunciante supuso «que los titulares de los órganos de control están abiertamente encubriendo estas maniobras delictivas que a la sazón hasta el día de la fecha fueron exitosas en el sentido que ninguna de ellas, ni la evasión fiscal, enriquecimiento ilícito o el lavado de activos pudieron ser vistas».
