Este lunes, el Tribunal Oral Federal (TOF) número dos de San Martín condenó hoy a prisión perpetua a cuatro ex militares, acusados por los denominados «vuelos de la muerte«.
Cabe recordar que estos aviones despegaban desde Campo de Mayo con detenidos desaparecidos sedados a bordo para ser arrojados al mar o al Río de la Plata.
Los condenados son el ex jefe de Comando Institutos Militares Santiago Omar Riveros, quien ya cuenta en su haber con otras condenas por delitos de lesa humanidad, entre los que se encuentra una por la tortura de seis mujeres y posterior apropiación de sus hijos, y los ex oficiales Luis del Valle Arce, Delsis Malacalza y Eduardo Lance.
El tribunal condenó a todos por los delitos de «allanamiento ilegal de domicilio, privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos y homicidio doblemente agravado».
Por la avanzada edad de los imputados, todos llegaron a juicio gozando de prisión domiciliaria, pero el tribunal ordenó hoy que sean sometidos a estudios médicos para determinar si pueden cumplir sus condenas en una cárcel común. Un quinto imputado, Alberto Conditi, fue separado del juicio por su estado de salud.
Luis Devoto, originalmente también imputado, quedó afuera del juicio por razones de salud antes de que se iniciara el debate.
El tribunal estuvo integrado por los jueces Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Matías Mancini.
Las victimas:
La investigación se centró en cuatro víctimas: Adrián Rosace, Adrián Accrescimbeni, Rosa Corvalán y Roberto Arancibia, cuyos cadáveres aparecieron arrastrados por las aguas en la costa de la Provincia de Buenos Aires.
Los cuerpos aparecieron en Magdalena, Punta Indio y Las Toninas y pese a haber sido enterrados como NN, fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EEAF).
Durante el juicio, se analizaron las responsabilidades de un grupo de militares retirados en el secuestro, las torturas y el homicidio de cuatro personas en total, entre ellos, los estudiantes secundarios Adrián Rosace y Adrián Accrescimbeni, Rosa Corvalán y Roberto Arancibia, que fueron secuestrados y mantenidos cautivos en Campo de Mayo, y cuyos cuerpos aparecieron en las costas de Magdalena, Punta Indio y Las Toninas y fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense.
Según relatos de sobrevivientes, todos estuvieron en el centro clandestino de detención que funcionó en Campo de Mayo.
Los principales testigos del juicio, que se extendió por dos años, fueron soldados que cumplían con el Servicio Militar Obligatorio y relataron lo que vieron que ocurría en la guarnición castrense.
Los fiscales Marcelo García Berro y Mercedes Soiza Reilly, al igual que las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos, la provincia de Buenos Aires y familiares de las cuatro víctimas, coincidieron en pedir para todos los imputados la pena de prisión perpetua.
En la mañana de este lunes, los cuatro acusados hicieron uso de su derecho a dirigirse al tribunal en las últimas palabras antes del veredicto.
Todos se desentendieron de las acusaciones, reivindicaron lo que denominaron «la lucha contra la subversión» y negaron haber cometido los delitos que se les imputan.
