El interventor judicial a cargo de co administrar el Directorio del Country Las Delicias AS entró en funciones el pasado lunes. Esto se dio luego de que los vecinos del barrio privado (situado al oeste de la ciudad) denunciaran a la gestión del consorcio de administración, lo que escaló a una orden judicial.
El perito oficial fue sorteado del listado de idóneos de la Justicia provincial, a partir de una orden la jueza de Control nueve, María Celeste Ferreyra, ratificada luego por el pleno de la Cámara de Acusación de Córdoba.
Walter Adolfo Sans, quien se encuentra en el puesto actualmente, tiene las facultades de “control e información”, “coadyuvante en el gobierno” y “administración” del órgano natural que tiene a su cargo la administración y el gobierno estatutario de la sociedad.
La denuncia penal, efectuada en marzo de 2012, fue dada por “administración fraudulenta”, “amenazas coactivas” y “espionaje interno” que habrían sufrido por parte de la empresa de seguridad, quienes registraban los ingresos y egresos en los accesos, con seguimiento y control de sus domicilios.
Esta disputa involucra un par de juicios previos en el fuero Civil y Comercial en relación con diferencias por supuestas irregularidades en la administración y el pago de las expensas, las que al momento de las denuncias representaban $108.000 por mes y el año pasado trepaban a unos $270.000. Las presentaciones terminaron con pronunciamientos que dan pie a las presuntas irregularidades.
La contienda de vecinos terminó en el fuero Penal, y la Fiscalía General designó al fiscal Vázquez. Este, comenzó a investigar y ordenó una pericia contable, pero no hizo lugar al pedido de los denunciantes de nombrar un interventor.
Por esta razón, Ortiz Pellegrini planteó una oposición a la que hizo lugar la jueza Ferreyra, quien el año pasado dispuso la intervención y designó a un administrador provisorio, proveniente del listado de la Dirección de Servicios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Si bien los representantes del consorcio apelaron la decisión de la jueza Ferreyra y fueron a la Cámara de Acusación, el tribunal, por unanimidad, ratificó en mayo pasado que el country debe ser intervenido por un contador designado por la Justicia provincial. El tema principal es el fondo mensual de gastos comunes, que en conjunto llegaría a un total de $90.000.000.
