La inseguridad se percibe con mayor crudeza en la ciudad de Córdoba que en el interior de la provincia, según un estudio que llevó a cabo la Justicia de Córdoba. En tanto, a nivel global, el 70% de los encuestados consideró que el flagelo del consumo de “drogas y alcohol” es la principal preocupación de la sociedad.
La Oficina de Gestión Estratégica del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), junto al Centro de Estudios y Proyectos, elaboró el primer informe a partir de los datos relevados por el programa de Referentes Judiciales Comunitarios, acerca de las preocupaciones de la población, su mirada frente a las personas más vulnerables y los espacios de contención social. Durante el año 2022, los voluntarios del programa realizaron más de 1.300 entrevistas, tanto en barrios de la ciudad de Córdoba como en las distintas localidades del interior de la provincia.
De los datos generales del relevamiento se desprende que siete de cada 10 personas entrevistadas vieron con profunda preocupación el flagelo de la “droga o el alcohol”, mientras que seis de cada 10 nombraron a la “inseguridad” como principal problema y cinco de cada 10, a la “violencia”, el “empleo” y los “conflictos familiares. Asimismo, según el informe, cuatro de cada 10 personas observan como principal preocupación a la “pobreza” y tres de cada 10 a la “salud”, los “conflictos vecinales”, la “educación” y la “falta de servicios”.
Según indicó el TSJ, se puede apreciar una diferencia entre los datos recabados en nuestra ciudad y en las distintas localidades del interior provincial. “Es así que la inseguridad se presenta con más fuerza en las opiniones de las personas que viven en Capital (86%), frente a las que habitan en el interior provincial (58%)”, indicaron desde la Justicia provincial, a la vez que aseguraron que “el problema de la droga se ve con más preocupación en el interior (75% de los encuestados) ante el 60% de las opiniones de Capital”.
En cuanto a los grupos sociales afectados en sus derechos, las opiniones de los entrevistados señalan a niñas, niños y adolescentes (NNA) y personas mayores como los sectores que se ven más vulnerados. En tanto, al ser consultados acerca de los lugares donde encuentran más contención, las respuestas mayoritarias apuntaron hacia los centros deportivos, las iglesias o templos, las escuelas y los centro culturales o recreativos.
Desde el TSJ detallaron que “el procesamiento de los resultados de las entrevistas pretende buscar información valiosa para la toma de decisiones (tanto del Poder Judicial como de otros organismos del Estado), bajo el enfoque de Gobierno de Datos”. “Estos relevamientos, por zonas y sectores sociales, también permitirán fortalecer el vínculo directo de la Justicia con cada comunidad y generarán otras actividades de enlace necesarias”, agregaron.
Los barrios populares en peligro
Mediante un comunicado titulado “La seguridad en los sectores populares es inaccesible”, el movimiento Libres del Sur denunció la inequidad en el acceso a los productos y servicios de seguridad pública y privada para los sectores más humildes.
En medio de la ola de robos que vive la Provincia, la agrupación destacó “la falta total de recursos para poder afrontar estas situaciones que tiene la gran mayoría de la sociedad” y aseguró que los “hechos delictivos, impulsaron los precios del rubro (seguridad)”.
Asimismo, Libres del Sur indicó que “mudarse a zonas seguras se está volviendo inalcanzable” y que “en los barrios esta situación se extiende a instituciones, organizaciones comunitarias como las escuelas, los centros vecinales, los clubes de barrio, las organizaciones sociales etc., (que) conviven con este flagelo”.
En este contexto, la agrupación denunció la aparición de “recetas con expresiones simplistas, que proponen aumentar exponencialmente la violencia como una forma de abordar el problema” y reclamó que, de forma urgente, “el Estado se haga presente de manera integral, con todas las políticas que son necesarias con plena sincronía”.
La Iglesia Católica reclamó contra el narcotráfico en la provincia
Tras los episodios de violencia contra la fundación del padre Mariano Oberlin, y luego de las críticas del arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, la Arquidiócesis local concretó ayer una concentración contra el narcotráfico y la violencia en nuestra provincia. A las 19 en la explanada de la Catedral de Córdoba, bajo la consigna de “¡Basta de droga! ¡Basta de violencia!”, se llevó a cabo la manifestación.
En el encuentro, el arzobispo cordobés pidió frenar con las manifestaciones de violencia que ocupan a la sociedad. Si bien repartió responsabilidades en toda la sociedad, expresó que “algunos tienen por supuesto, dada su función, más responsabilidad que otros en esta labor”, ante la presencia entre la multitud del intendente Martín Llaryora, acompañado del viceintendente Dante Passerini.
Como una de las principales causas de la creciente virulencia social, Rossi planteó que se debe atender el problema de la drogadicción. “Nos duele y nos llena de impotencia ver a nuestros niños y jóvenes hechos víctimas de la miserabilidad de unos pocos”, dijo. Rossi también dejó lugar en su discurso para clamar por mayores oportunidades a los jóvenes, a quienes caracterizó como víctimas de las drogas.
“Nos desespera la deserción de los chicos en el colegio, las aulas despobladas, reemplazadas por una esquina del barrio o un rincón de la placita”, sentenció. En otro tramo de su discurso, el clérigo cuestionó el “injusto reparto de las riquezas” y lo relacionó con “un egoísmo que impide que las personas puedan desarrollar todas sus capacidades”.
