Desde 2015, el gasto en programas públicos de salud mental en la provincia se redujo, en términos reales (descontando la inflación), alrededor de un 50%. El principal factor de ajuste fueron los salarios (perdieron un 50% de su valor) y nunca se llegó a cumplir con el porcentaje de inversión estipulado por la ley nacional en la materia (26.657).
El informe, publicado por los investigadores Iván Ase y Jaschele Burijovich de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), aborda la evolución de las partidas presupuestarias provinciales en el área de salud mental. Al respecto, Ase afirmó que “la Provincia nunca puso lo que los estándares nacionales obligan, es decir, el 10% del presupuesto de salud en salud mental. Siempre ese porcentaje estuvo alrededor de entre el 5% y el 6%, pero ahora este proceso de ajuste lo está llevando alrededor del 4%”.
En el informe se destacan dos políticas públicas vinculadas a la salud mental en Córdoba: los centros asistenciales de salud mental (15 centros distribuidos en la provincia) y la asistencia y prevención de adicciones. El dato más alarmante es que, según el informe, durante la última década se perdió más de 50% del presupuesto para estos programas.
El 90% del recorte se produjo principalmente en las 15 instituciones de asistencia a la salud mental. Y de ese porcentaje, el principal componente del ajuste es el gasto en salarios, que cayó un 50% en una década. “Cuando se hace la comparación entre 2015 y 2024, pero poniendo el foco en la cantidad de cargos presupuestados en cada subprograma del programa 461 (centros asistenciales), se puede observar una disminución de 250 cargos durante el período”, sostiene el informe.
Por su parte, Burijovich remarcó que sí hubo avances a nivel municipal. Se creó una Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones que tiene un consejo que dialoga con las organizaciones sociales. También abrieron dispositivos en territorios para atender la problemática de la salud mental en Córdoba capital.
Denuncian la falta de reasignación de partidas
“Durante el período estudiado, no sólo el gobierno provincial no asignó nuevos recursos —lo que mantuvo el gasto provincial en salud mental por debajo de los estándares internacionales—, sino que tampoco recondujo los ya asignados hacia dispositivos orientados por el nuevo paradigma”, afirma el estudio.
Y agrega: “La desactivación progresiva de las instituciones monovalentes manicomiales (tarea justificada en el marco de las nuevas leyes), significó la sustracción al campo de los recursos asignados a ellas, en lugar de ser reasignados al fortalecimiento del proceso transformador. Desmanicomializar se convirtió en sinónimode ajuste en la provincia de Córdoba”.
A esto, según los investigadores, hay que agregarle que el ajuste general en este campo tuvo un perfil “absolutamente indiscriminado”. “No sólo el ajuste cayó sobre los recursos destinados a las viejas instituciones manicomiales (Hospital Vidal Abal, por ejemplo), sino también sobre aquellas que trabajan en coincidencia con la orientación de las reformas”, concluye.
