En el marco de la conmemoración de los 47 años del último golpe de Estado cívico-militar, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Córdoba denunció que solo el 12% de los genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad cumplen sus condenas en dependencias del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC). “Un total de 58 represores fueron alojados desde 2008 en cárceles provinciales”, dice el informe, aunque asegura que 51 fueron beneficiados con prisión domiciliaria, de los cuales 45 continúan vivos.
“En estos 15 años fueron alojados un total de 58 genocidas en las cárceles provinciales dependientes del SPC; quienes fueron condenados por Tribunales Federales de Córdoba y de otras jurisdicciones”, sostiene el documento publicado por APDH. Y agrega: “De ese total de condenados por delitos cometidos en el marco del terrorismo de Estado desde 1975 a 1983 a penas de prisión efectiva alojados en cárcel común, sólo siete de esos 58 condenados, el 12%, sigue purgando condenas en establecimientos dependientes del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC)”.
En total, son los 45 represores hacen uso del beneficio de la prisión domiciliaria por motivos de salud o por ser mayores de 70 años de edad, según APDH. “La gravedad del otorgamiento de este tipo de beneficios a represores condenados por delitos de lesa humanidad, radica en el riesgo procesal para el desarrollo de las investigaciones en curso, ya que este tipo de personajes, más allá de las dolencias reales o no en su salud, siguen siendo miembros activos del aparato represivo”, aseguraron desde el organismo.
Y agregaron que la prisión domiciliaria, al ser una modalidad que responde a principios de humanidad y excepcionalidad, requiere más que el cumplimiento del requisito etario. “En todos los casos, la concesión de la detención o prisión domiciliaria debe ser antecedida de la comprobación que el encarcelamiento provoca en el individuo trato cruel, inhumano o degradante o restricción de derechos fundamentales distintos a la libertad ambulatoria”, añadieron.
Al respecto, consideraron que la “aplicación de la detención domiciliaria como modalidad de cumplimiento de la prisión preventiva o de la ejecución de la pena de personas imputadas o condenadas por crímenes contra la humanidad, por más que responda a cuestiones humanitarias, también implica la re victimización de aquellas personas que sufrieron y fueron víctimas directas” de la dictadura, “además del pacto de silencio que sigue vigente, por el cual se niegan a decir dónde están los restos de los compañeros desaparecidos, lo que perpetúa un delito continuado y sigue siendo una tortura para los familiares que continúan su búsqueda”. Finalmente, desde APDH Córdoba manifestaron su “clara voluntad política de no tolerar ni consentir, bajo ninguna circunstancia, la convivencia en nuestra sociedad con personas que participaran de las acciones del terrorismo de Estado”.
El emblemático caso de Menéndez
Entre los 51 beneficiados con la prisión domiciliaria, se destaca el caso del genocida fallecido en 2018 Luciano Benjamín Menéndez, quién solo por la mega causa La Perla fue condenado en 2016 a prisión perpetua, tras ser hallado culpable de la desaparición de 282 personas, 52 homicidios, 260 secuestros y 656 casos de tortura.
“El mayor genocida de Córdoba, recibió 15 condenas por delios de lesa humanidad, de las cuales 13 fueron a prisión o reclusión perpetua”, indicaron desde APDH. Cuando se inició el juicio, en diciembre de 2012, Menéndez estaba alojado en el complejo carcelario “Padre Lucchesse” de la localidad de Bouwer. Sin embargo, en 2013, los integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal le otorgaron el beneficio de arresto domiciliario.
Alerta por el “riesgo procesal”
Como ejemplo de la gravedad del otorgamiento de este tipo de beneficios, desde la APDH citaron el caso del ex capitán carapintada Ernesto Guillermo “Nabo” Barreiro.
Ante Tele13 de Chile, el ex capitán carapintada había señalado que desde prisión realizó tareas de inteligencia referidas a restos humanos hallados en el CCD La Perla, en los hornos de la cantera “La Ochoa” y de excavaciones cerca de la localidad de Villa Ciudad de América.
“Una investigación está dirigida a los lugares de enterramiento y entonces se trabajó sobre los hornos… Pero violentamente, se dirigieron a otros lugares que no llegaron a nada. Nosotros, haciendo trabajo de inteligencia, pudimos determinar que ese es uno de los lugares probables de los enterramientos. Tenían pistas de ello”, citó el organismo.
