La Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba invita a la lectura de la sentencia del 14° juicio por delitos de lesa humanidad en nuestra provincia, que tendrá lugar el próximo jueves en la sede de Tribunales Federales I, ubicada en avenida Concepción Arenal y Paunero. La convocatoria es a las 9:30 horas.
Se trata de una nueva instancia de juzgamiento a siete imputados, de veinte iniciales que en su mayoría por inhabilitación o fallecimiento no podrán enfrentar condena. Fueron catorce víctimas, sólo siete de ellas sobrevivientes, mientras que otras siete aún se encuentran desaparecidas.
Los hechos que contempla la causa refieren a crímenes ocurridos durante el periodo entre septiembre de 1978 y agosto de 1979, en el Centro Clandestino de Detención D2, ubicado en calle Mariano Moreno esquina Caseros. A cargo de las acusaciones se encuentran los fiscales Facundo Trotta y Carlos Gonella.
Desde la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba renovaron el «pedido de acompañamiento a la sociedad para la lectura de la sentencia de este juicio, tan importante y trascendental para la construcción de la Memoria, Verdad y Justicia».
En la explanada de Tribunales se retransmitirá la audiencia final mediante pantallas y contará con la realización de una radio abierta junto a intervenciones artísticas. También estarán presentes el Archivo Provincial de la Memoria y otros espacios provinciales de la memoria, en acompañamiento a la lectura de la sentencia.
En sintonía con lo expresado el pasado 24 de marzo, reivindicaron la «importancia de este juicio ante un gobierno nacional violento y negacionista que hace apología del Terrorismo de Estado, que avala en sus discursos los crímenes ocurridos durante la última dictadura cívico -militar».
Ante este escenario, reafirmaron que «el juzgamiento a los genocidas y sus cómplices debe continuar e invitamos nuevamente a los cordobeses y cordobesas a acompañarnos en Tribunales Federales este jueves, porque los juicios son de todos y todas».
Detalles de la causa
El expediente reunió información sobre lo sufrido por un grupo de mujeres, esposas de presos comunes detenidos en la Unidad Penitenciaria 1 que ayudaron a presos políticos incomunicados alojados en dicho penal haciendo de correo con sus familias.
Ellas fueron Teresa Luisa Peralta, Marta Nélida Funes y su hijita de 10 años, Delfina Lidia Peñaloza y María de las Mercedes Moreno. Junto a ellas María Lidia Piotti, esposa del preso político Cecilio Salguero.
Todas secuestradas, torturadas, violadas y amenazadas. En tanto a María de las Mercedes Moreno, que al momento de los hechos cursaba un embarazo avanzado y tuvo en esas circunstancias una niña, los represores la entregaron en la Casa Cuna donde fue apropiada por personal de esa institución. Siendo hoy la nieta recuperada número 107.
Se ventilan los hechos ocurridos a los trabajadores municipales Olga del Carmen Molina, José Manuel Ochuza y Luis Enrique Rosales quienes junto a Carlos Alberto Franco y Roberto Maldonado fueron secuestrados el 12 de junio de 1979, torturados en el D2, asesinados y desaparecidos.
También al empleado bancario Juan Carlos Bazán y su primo Elías Humberto Ríos, ambos secuestrados el 8 de agosto del mismo año de quienes consta en la denuncia de Charlie Moore el derrotero que sufrieron.
De los más de veinte acusados que tuvo esta causa en un inicio, hoy se juzgan sólo a siete entre personal del Departamento de Informaciones D2 y civiles como una ex funcionaria judicial que facilitaron la apropiación de la bebé nacida en cautiverio. Ellos son: Mirta Antón (Cuca), Carlos Yanicelli (Tucán), Yamil Jabour, Juan Eduardo Molina, Raúl Alejandro Contrera, Ana María Rigutto de Oliva Otero y Adela María González.
Los delitos que enfrentan son: privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos, abuso sexual, homicidio, supresión de estado civil, alteración de estado civil, sustracción de una persona menor de diez años, prevaricato de auxiliares de la justicia y falsedad documental.
También que se rectifique el legajo laboral de una de las víctimas desaparecidas, que fue declarada cesante por las inasistencias injustificadas que figuraron como abandono de trabajo.
