A fines de 2024 se aprobó en la Legislatura cordobesa una ley que establece disposiciones sancionatorias en materia hídrica, ambiental y de los recursos naturales. La iniciativa pretende ordenar y consolidar las disposiciones sancionatorias, a la vez promueve desdoblar la figura de quien controla y quien juzga, es decir, que modifica las facultades de la Policía Ambiental y crea el Tribunal Administrativo Ambiental.
El proyecto fue presentado por los legisladores Miguel Siciliano, Abraham Galo, Walter Gispert, Julieta Rinaldi y María Victoria Busso, con el objetivo de avanzar significativamente en la protección de los recursos naturales y el entorno, consolidando una gestión ambiental responsable y proactiva.
Los legisladores plantearon que la norma persigue un doble propósito: 1) Establecer con claridad los procedimientos y sanciones aplicables a quienes incumplan las normativas ambientales; y 2) Crear un órgano especializado, el Tribunal Administrativo Ambiental, encargado de resolver sobre infracciones y sanciones ambientales con independencia del organismo encargado de constatar las mismas, reforzando y agilizando el sistema sancionatorio.
Hasta que se aprobó esta iniciativa, en la provincia de Córdoba existía una multiplicidad de normas relativas a sanciones ambientales con unidades de multas diferentes.
Entre las novedades que introdujo la nueva ley se encuentra la unificación de la unidad de multa, que pasará a medirse en litros de combustible y la incorporación de sanciones conminatorias, multa diaria a fin de garantizar el cumplimiento de las sanciones y de las obligaciones de remediación impuestas. También, establece un procedimiento sancionatorio ambiental específico.
Para la ministra de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, Victoria Flores, la aprobación de esta normativa permite fortalecer las funciones de aplicación, ejecución de sanciones y efectiva recomposición ambiental: “Es una mejora para la fiscalización y control ambiental. Es necesario avanzar en sanciones efectivas y hacerlas cumplir, porque el daño ambiental requiere de una actuación rápida”.
En el año 2012, con la creación de la Policía Ambiental, se dividieron las facultades de otorgamiento de autorizaciones y licencias ambientales de las de control y fiscalización.
Con la sanción de esta normativa se avanza un paso más en la eficiencia en la protección de los recursos naturales, separando el control y la fiscalización de la sanción ambiental. Para ello, se creó el Tribunal Administrativo Ambiental, un órgano de especialización técnica para llevar a cabo esa tarea.
“El objetivo de la ley es despegar los órganos de control de los de sanción, y poder fortalecer las funciones en cada una de las áreas. La finalidad es reducir los tiempos de los procedimientos para cuidar mejor el ambiente, lograr la viabilidad en la recomposición ambiental, y evitar el colapso en la resolución de las causas, entre otros objetivos”, resumió Adrián Rinaudo, secretario de Policía Ambiental.
