Los movimientos ambientalistas de Córdoba salieron a rechazar con énfasis ayer las modificaciones a la ley número 10.208 de Política Ambiental que fueron aprobadas el miércoles pasado por la Legislatura provincial sin el respaldo de las organizaciones. Si bien Hacemos por Córdoba aseguró que los cambios introducidos a los anexos I y II de la norma “no modifican aspectos esenciales” de la norma y “buscan dotarla de mayor efectividad”, desde los movimientos ambientalistas denunciaron justamente lo contrario.
“Dichas modificaciones están orientadas en el siguiente sentido: por un lado, para legitimar el desmonte que realizan las autovías que se están construyendo, otorgando un marco legal a las trazas que atraviesan bosques nativos catalogados como ‘zonas rojas’; por otro lado flexibilizan los requisitos para aprobar loteos, permitiendo que numerosos emprendimientos inmobiliarios no requieran del Estudio de Impacto Ambiental previo”, denunció el Movimiento Verde Cordobés, que consideró que “la nueva ley viene a legitimar el desmonte realizado por la obra pública sobre ‘zonas rojas’ y a impulsar el negocio inmobiliario sin controles”.
Como ejemplo, citó que los cambios establecen que “los emprendimientos (inmobiliarios) con más de 25 lotes serán los que deban ir a audiencia pública cuando antes se requería para los loteos de más de 10 lotes”. “Esto trae un grave problema político, social y ambiental, ya que las sociedades evolucionan hacia la regulación de la obra pública y los emprendimientos privados con el objeto de proteger el ambiente, en cambio en la provincia de Córdoba vamos por el sentido contrario, se privilegia el negocio de la obra pública y el negocio inmobiliario en desmedro de nuestro ambiente”, completó la organización.
La Fundación para la Defensa del Medio Ambiente (Funam) coincidió con la denuncia al considerar que “el gobierno de Córdoba modificó su ley ambiental 10.208 para favorecer a las corporaciones agrícolas y ganaderas, negocios inmobiliarios, y empresas telefónicas”. El doctor Raúl Montenegro, presidente de Funam, acusó incluso al gobernador Juan Schiaretti de montar “una mecánica ecocida” en Córdoba que “beneficia descaradamente a las grandes corporaciones, aumenta la destrucción ambiental y provoca más daños a la salud”.
“Las modificaciones no son ingenuas. Con el pretexto de agilizar trámites administrativos, violaron el Principio de Progresividad que establece la Ley Nacional de Ambiente en su artículo 4. El gobernador y su área de Ambiente reducen así la protección ambiental en lugar de aumentarla”, explicó Montenegro, quien lamentó que “cuentan con el apoyo incondicional de un sector de la Justicia Provincial” para violar la legislación.
El oficialismo defendió los cambios
La legisladora oficialista Nadia Fernández defendió las modificaciones a la ley 10.208 con el argumento de que buscan “actualizar algunos conceptos y adecuarlos al Sistema Legislativo Ambiental de nuestra provincia”.
“El proyecto que hoy tratamos no es una reforma de ninguno de los aspectos esenciales de la ley 10.208 sino que, por el contrario, solo se modifican parcialmente puntos específicos de sus anexos que obedecen casi pura y exclusivamente a objetivos prácticos y de técnica legislativa, a los fines de dotar de mayor efectividad a la ley”, argumentó Fernández, pese a que los cambios afectan a los “proyectos sujetos obligatoriamente a presentación de estudio de Impacto Ambiental y audiencia pública”, entre otros ítems.
