La Comisión de Género y Diversidad de la Unicameral cordobesa analizó ayer dos proyectos que buscan establecer mecanismos de actuación en los casos de violencia de género que se presenten en distintos ámbitos públicos tales como el Poder Legislativo y la Administración Pública Provincial.
La comisión abordó en primer término el expediente 39112/R/24, de la legisladora Karina Bruno, que propone un protocolo para prevenir, abordar y sancionar las violencias de género en el ámbito de la Legislatura. La autora del proyecto advirtió que no existen mecanismos de estas características en el Poder Legislativo cordobés y que la propuesta va a permitir que “cualquier mujer y también cualquier hombre sepan cómo actuar en situaciones de abuso de poder, ascendencia y autoridad”.
Añadió que el protocolo está planteado para “resolver situaciones” y para que la víctima sepa “dónde acudir, cómo hacer la denuncia y quién va a acompañar en ese proceso”. Los integrantes de la comisión celebraron la iniciativa y, posteriormente, debatieron sobre distintos aspectos del contenido del articulado.
Administración Pública
Seguidamente, se trató el proyecto 39180/L/24, del mismo tenor que el anterior, aunque amplía su radio de acción a los casos de violencia de género que se produzcan en el ámbito de la Administración Pública Provincial.
Una de las coautoras, la parlamentaria Ariela Szpanin, presentó la propuesta y señaló que es mucho más amplia ya que abarca a los tres poderes del Estado y va en línea con el proyecto tratado anteriormente, al establecer mecanismos de actuación en casos de violencia de género. Es un proyecto “necesario y urgente”, señaló la legisladora.
La comisión acordó continuar con el tratamiento de ambas propuestas en próximas reuniones e invitar a otras instituciones y organismos –como el judicial, universitario y gremial- que cuenten con este tipo de protocolos para que hablen en el seno de la comisión. La reunión de la víspera estuvo presidida por la legisladora Gloria Pereyra.
