En una decisión de último momento, la Justicia suspendió temporalmente el desalojo de alrededor de 20 familias en Villa Rivera Indarte. El operativo de desalojo, programado para esta mañana, fue detenido debido a problemas climáticos y de seguridad que podrían poner en riesgo a los residentes.
Este caso, que captó la atención pública por su complejidad, se originó cuando los propietarios de las viviendas fueron intimados a abandonar sus hogares. Estos terrenos, adquiridos de buena fe, fueron reclamados por presuntos legítimos dueños, lo que ha llevado a considerar que los vecinos fueron víctimas de una estafa inmobiliaria.
Tras una investigación judicial, se detuvo a algunos responsables, pero el proceso legal continuó su curso. La orden de desalojo estaba programada para las 8:30 a.m. de hoy, pero se suspendió in extremis.
Juliana, una de las afectadas, explicó que adquirieron los terrenos con documentos válidos, incluso obtuvieron créditos del programa Procrear. Sin embargo, recientemente se encontraron con la orden de desalojo y la invalidación de sus papeles.
«El Estado, la Municipalidad y el gobierno nos han dicho que fuimos estafados, que debemos abandonar nuestros hogares, pero aún así debemos pagar el crédito Procrear durante 30 años, toda nuestra vida», lamentó Juliana en declaraciones al medio Canal 10.
Fernanda, otra de las damnificadas, adquirió su lote confiando en la aprobación de los créditos Procrear. «Me voy a quedar en la calle con mi hijo y mi familia, que incluye a tres menores», expresó con angustia.
Las familias afectadas han solicitado ayuda a múltiples entidades gubernamentales, pero sienten que han sido abandonadas en este difícil momento. «Nos han dejado desamparados, tanto la Municipalidad, el Gobierno Provincial de Córdoba como los entes de Derechos Humanos», reclamó Franca.
Además, según relató Paula al mismo canal, uno de los presuntos responsables de la estafa se encuentra bajo prisión domiciliaria, pero aparentemente no la respeta, mientras que otro individuo continúa actuando con total libertad, lo que ha generado temor entre los afectados.
Este caso generó un fuerte debate sobre la protección de los derechos de los ciudadanos que compraron propiedades de buena fe, así como sobre la responsabilidad del Estado en la validación y respaldo de los créditos otorgados a través de programas como Procrear.
