El rumor sobre la pronta modificación de la Ley de Alquileres causó inquietud en el mercado inmobiliario y entre los inquilinos. Al respecto, la agrupación de Inquilinos Córdoba se mostró pesimista sobre la posibilidad de que los cambios a la actual ley ofrezcan un mejor panorama para quienes alquilan.
Maximiliano Vittar, referente de la agrupación, consideró que una regresión al escenario anterior generaría mayor inestabilidad y no redundaría en una baja del precio de los alquileres. “La derogación de la Ley de Alquileres implicaría que nosotros tuviésemos más instabilidad con un año menos de contrato y pagar ajustes semestrales y acumulativos”, afirmó Vittar.
Para el referente de Inquilinos Córdoba, la salida es una mejor aplicación de la actual normativa. Además, Vittar reclamó un abordaje integral para resolver el problema de los alquileres en el país.
Por otra parte, Lucas Bergo, miembro de la Cámara de Corredores Inmobiliarios, no dudó en afirmar: “Necesitamos que se cambie esta ley”. “Nos encontramos con una situación de bajísima oferta, hubo un retiro histórico de la cantidad de propiedades que estaban por alquilar y a la vez tenemos una demanda alta”, detalló Bergo.
El rumor de la suspensión de la ley comenzó a rodar luego de que se conocieran detalles difíciles de digerir sobre la negociación que mantiene el Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, este rumor de suspensión de una ley sancionada por el Congreso de la Nación hace tres años cuenta con la dificultad de que deberá lograrse consenso con la oposición para cualquier tipo de modificación, ya que el Ejecutivo nacional no cuenta con la facultad constitucional de vetar una ley, transcurrido tanto tiempo desde su aprobación.
Lo único que puede hacer el Gobierno en este punto es retomar el debate en el Congreso, donde ya hay dictamen para nuevos proyectos de ley. En este caso, hay que decir que no falta voluntad de los distintos bloques políticos para derogar la norma, lo cual aceleraría el trámite.
Otro punto que deberá tener en cuenta el Gobierno nacional es que en julio se cumplen tres años de la entrada en vigencia de la ley, por lo que sólo a partir de entonces comenzarían a vencer los contratos pactados con la ley anterior. Esto significa que los plazos para aprobar una nueva ley y alcanzar esos primeros contratos es escaso y requerirá de gran celeridad por parte del Congreso.
