Bajo la consigna “Tenemos ley, exigimos dignidad”, se realizó ayer por la tarde la octava marcha por el derecho a la salud mental, en pleno centro de nuestra ciudad. La manifestación fue convocada por un amplio colectivo de organizaciones que nuclean a usuarios, familiares, trabajadores, profesionales y voluntarios, los cuales se movilizaron desde la intersección de la avenida Colón y La Cañada, en reclamo por la “plena implementación de las leyes nacional y provincial de salud mental”.
Desde la organización de la marcha afirmaron que, tanto la normativa de salud mental nacional como la provincial “no se cumplen”.
“Hace 11 años que tenemos la ley nacional y la ley provincial. La pregunta que nos hacemos es qué se implementó en estos años, qué reformas hubo, por ejemplo, en el sistema de atención en la provincia. Qué nuevos dispositivos comunitarios se abrieron y sostuvieron, qué políticas se implementaron para la reparación de las vidas arrasadas de personas que estuvieron y aún permanecen internadas y segregadas en hospitales neuropsiquiátricos. Estas preguntas aparecen una y otra vez en los debates que llevamos adelante desde el Colectivo por el Derecho a la Salud Mental. La respuesta a estas y otras preguntas, son invariablemente negativas y muestran el panorama desolador de la salud mental en Córdoba”, afirmaron las organizaciones.
Sobre el cierre de la movilización, se leyó un documento en el que se denunciaron “ataques a la ley de salud mental” desde distintos ámbitos. “Desde diferentes medios hegemónicos y grupos corporativos atribuyen déficit a estos marcos normativos cuando, por el contrario, es su incumplimiento lo que genera los gravísimos problemas que estamos denunciando”, sostuvieron.
Asimismo, los organizadores explicaron que “las reformas que impone la ley no sólo implican reconvertir las instituciones monovalentes, sino desplegar un abanico de políticas integrales que van desde la apertura de dispositivos que sustituyan al manicomio, la integración de la salud mental en el sistema general de salud, con énfasis en el primer nivel de atención, la implementación de una política de vivienda y apoyos, para que la alternativa a vivir en un hospital no sea vivir en la calle, y el acceso a derechos sociales como el trabajo, la educación y la no discriminación”.
En otro párrafo, los manifestantes denunciaron que durante la pandemia, desde el gobierno provincial se implementaron medidas “en nombre de la ley, pero sólo sirvieron para convalidar políticas de ajuste”.
