Los trabajadores de los hospitales de nuestra provincia nucleados en la Multisectorial de la Salud llevaron a cabo ayer una protesta en el Polo Sanitario con el objetivo de visibilizar su rechazo a la propuesta salarial presentada por el gobierno de Córdoba para el segundo semestre del presente año, a la que calificaron de “insuficiente”.
En tal sentido, advirtieron que el aumento del 40% ofertado por la gestión de Juan Schiaretti “se licuará con la inflación” como consecuencia de que se abonaría en cuatro cuotas, la última de ellas prevista para enero de 2023.
Al finalizar la manifestación frente al monumento a los caídos en pandemia, ubicado a un costado del hospital de Niños, los agentes resolvieron darle continuidad al plan de lucha. Para ello, convocaron para el próximo martes a la realización de asambleas en los hospitales y centros de salud a los efectos de “definir nuevas medidas de fuerza”.
Desde la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS) recordaron que el reclamo –al que se suman la Asociación de Trabajadores de la Sanidad de la Argentina (ATSA) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)- es por una “recomposición salarial urgente”, con un sueldo básico “igual a la canasta familiar ($ 119.000) y actualización automática mensual”.
Al mismo tiempo, el gremio demanda que “se cumpla con las promociones de las categorías adeudadas; que se incluya en las negociaciones a los gremios representativos de salud; pase a planta para todos los precarizados, y 82% móvil para los jubilados (derogar la ley 10.694)”.
Consultada al respecto, la secretaria Adjunta de UTS, Estela Giménez, dijo que se trató de “una jornada de lucha de los trabajadores de la salud”, destacando el contexto de unidad en el que se desarrolló el reclamo, con la presencia de los tres gremios mencionados.
“Rechazamos los arreglos salariales que se hacen entre un legislador de la provincia y el Gobierno”, indicó Giménez, haciendo referencia al parlamentario de Hacemos por Córdoba y titular del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), José Pihen.
“Esto ha llevado a que el 70% de los trabajadores esté por debajo de la línea de la pobreza y el 90% de los trabajadores con dos o tres trabajos para cubrir la canasta básica. Estos arreglos siempre han impactado en nuestros sueldos”, denunció Giménez en declaraciones al diario La Nueva Mañana. “Tenemos los salarios más bajos de la administración pública, en un rango que va desde los $ 47.000 a los $ 70.000”, reveló la dirigente sindical, quien a su vez, señaló que la pauta de aumento del 40% que negoció el SEP se aplica sobre esos montos.
