Al cumplirse un año de la masiva marcha universitaria que llenó las calles de todo el país tras el veto del presidente Javier Milei a la ley que preveía los recursos necesarios para el funcionamiento de las casas de estudios superiores públicas y la correspondiente actualización de las partidas, la oposición en su conjunto vuelve a la carga con el tema en medio del ahogo presupuestario que atraviesa el sector.
Por un lado, los diputados nacionales Danya Tavella (Democracia para Siempre) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) presentaron un proyecto que propone la recomposición automática de las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades nacionales y de los salarios, tomando como base la inflación acumulada entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2024, junto a una fórmula mixta de actualización para este año. Esta fórmula toma como principal parámetro indexatorio la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y establece ajustes trimestrales combinando inflación (50%), variación del tipo de cambio oficial para importaciones (25%) y tarifas de servicios públicos (25%).
Del mismo modo, el diputado nacional de Unión por la Patria Pablo Carro presentó una iniciativa que instruye al Poder Ejecutivo nacional a «actualizar las partidas presupuestarias del año 2025 a fin de garantizar el financiamiento de las Universidades Nacionales”. Por un lado, la actualización de las partidas presupuestarias para los gastos de funcionamiento deben realizarse mediante ajustes bimestrales y es retroactiva al 1 de enero del 2025. Pero además, el Poder Ejecutivo debe recomponer “los salarios docentes y no docentes del Sistema Universitario Nacional a partir del 1° de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la presente ley por la variación acumulada de la inflación informada por el Indec durante dicho período”.
Vale recordar que, en las últimas horas, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) le reclamó al Gobierno nacional la urgente implementación de un plan de recomposición salarial “que restituya la dignidad del trabajo en la educación superior”. El pronunciamiento manifiesta que “el desfasaje producido entre la inflación acumulada y los incrementos recibidos desde noviembre del 2023 a marzo de 2025 es de más del 80%”.
