La Coordinadora de los Equipos de Salud de Córdoba, mesa que está integrada por representantes de 45 hospitales provinciales, mantuvo una reunión hace unos días para repasar las demandas del personal de salud que todavía siguen esperando una solución. Es el primer encuentro que llevan a cabo tras el fin del año pasado, en el que se extendió un largo conflicto en el área de salud y en donde las protestas en las calles fueron protagonistas.
Gabriela Santarelli, una de las integrantes de la Coordinadora, comunicó que la falta de personal, la recomposición salarial y la situación laboral de los monotributistas, serán nuevamente puestas sobre la mesa en un nuevo encuentro con las autoridades sanitarias provinciales. Aunque todavía no está confirmada oficialmente la fecha de esa nueva reunión, estiman que podría ser en el transcurso de esta semana.
En conversación con el programa “Es por acá” de radio Universidad-AM 580, Santarelli señaló que la cobertura de cargos sigue siendo un punto a resolver de manera urgente, sobre todo en lo que corresponde a la temporada de verano en el interior provincial. “En Calamuchita no hay clínicas privadas y el hospital público, que es el único centro asistencial, sigue atendiendo con la misma gente, cuando la población se duplica o triplica”, aseguró. Además remarcó que “la provincia hace más de 10 años que no cubre cargos cuando hay bajas. Eso ha llevado a una caída en recursos humanos y en algunos casos al cierre de servicios”.
La integrante de la Coordinadora también reiteró sobre el reclamo por la recomposición salarial, de la cual vienen con retrasos de muchos años y que la situación del personal monotributista y administrativo está pendiente de solución. El compromiso de las autoridades provinciales había sido que los monotributistas que habían ingresado hasta el 31 de diciembre de 2019, iban a empezar a modificar su situación desde enero de este año, sobre lo que la profesional afirmó que “hasta el momento no hubo novedades al respecto”.
Y la última cuestión que van a plantear, es la posibilidad de modificar la nueva ley de jubilación, que para los empleados públicos tuvo un impacto negativo y, además, el pase a la ley de Salud 7625 de personal administrativo y del área central.
