En el Día Internacional de las Lenguas de Señas y tras montar un escenario frente al Congreso, asociaciones de todas las provincias se hicieron presentes, junto con intérpretes, diversos grupos de jóvenes y familias, que levantaron pañuelos azules exigiendo por «reconocimiento y respeto».
«Nuestros derechos lingüísticos son nuestros derechos civiles», destacaron.
Según la Federación Mundial de Sordos, a nivel global existen 70 millones de personas usuarias de lengua de señas como primera lengua, y en Sudamérica sólo dos países no cuentan con ley de señas con reconocimiento oficial: Guyana y Argentina.
Lucas Larroca, vicepresidente de la Confederación Argentina de Sordos (CAS), dijo a Télam que para la elaboración de este proyecto participaron 50 asociaciones de y más de 500 instituciones: «Estamos convocando a todo el pueblo sordo para llamar la atención y visibilizar el reconocimiento de la lengua de señas. Eso implica la identidad y el patrimonio lingüístico cultural de las personas sordas», remarcó.
Natalia, una persona sordociega integrante de la CAS, detalló que quienes tienen esa condición «se mezclan en escuelas con todas las discapacidades en donde tienen protáctil, que es como la lengua de señas pero táctil».
«Hay que separarlos de esa educación con discapacidad y que puedan vincularse con la educación para sordos», sostuvo.
En diálogo con Télam, Natalia manifestó que es «magnífico que haya tantas personas presentes con sordoceguera. La ley puede ser un puente de comunicación, un vínculo más allá del braille».
Analía Rosales, de Río Grande -que viajó a Buenos Aires para apoyar la movilización- dijo a Télam que en Tierra del Fuego «se preocupan por conseguir intérpretes para los turistas que hablan en inglés», mientras que «los turistas sordos del mundo viajan y no tienen accesibilidad».
Ayer, la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados acordó que se buscará la unificación de los proyectos existentes sobre el reconocimiento de la LSA, trabajando en conjunto con las asociaciones.
La norma que se procura aprobar busca «eliminar las barreras comunicacionales y remover las actitudinales facilitando el acceso a la comunicación e información por parte de las personas que, por su discapacidad, se comunican en LSA en su interacción con el entorno», informó la Cámara baja.
Carla Petrosino, de la Asociación Argentina de Sordos (ASO), y Cecilia Maltez, intérprete del Poder Judicial, manifestaron que las personas sordas se enfrentan con muchas dificultades, la más importante es el acceso a la salud.
«Ir a un hospital o a la Policía debe ser accesible para nosotros», explicaron a Télam.
«Siempre tenemos que llamar a algún familiar para que nos acompañe. Yo soy sorda nada más, soy autónoma y necesito accesibilidad», dijeron.
Según la CAS, el 86% de las personas sordas asisten o asistieron a escuelas donde no pueden o pudieron comunicarse con sus docentes.
Carolina Argüello y Maricel Rollo son docentes de la Escuela Especial 513 de sordos e hipoacúsicos en La Matanza, provincia de Buenos Aires, y dijeron a Télam que las personas sordas necesitan intérpretes en todos los ámbitos.
