El Tribunal Oral Federal número 2 (Tof2) de Córdoba dio a conocer ayer la sentencia contra los siete acusados en el 14° juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia, cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Todos estaban imputados por los delitos de privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos, abuso sexual, homicidio, supresión de estado civil, alteración de estado civil, sustracción de una persona menor de diez años, prevaricato de auxiliares de la justicia y falsedad documental.
En la oportunidad, hubo tres condenas a prisión perpetua para los ex policías del D2, Carlos Yanicelli, Yamil Jabour, y Juan Eduardo Molina. Mirta Antón (Cuca) fue sentenciada a 15 años de confinamiento, mientras que Raúl Alejandro Contreras recibió siete años. En tanto, Ana María Rigutto de Oliva Otero y Adela María González fueron absueltas del robo de la recuperada nieta 107.
Los camaristas Julián Falcucci, María Noel Costa y Fabián Asís impusieron las siguientes condenas: Mirta Antón (Cuca):15 años de prisión, e inhabilitación absoluta perpetua; Carlos Yanicelli (Tucán): prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua; Yamil Jabour, prisión perpetua, e inhabilitación absoluta perpetua; Juan Eduardo Molina: prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua; Raúl Alejandro Contrera: 7 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua; Ana María Rigutto de Oliva Otero: absuelta; y Adela María González: absuelta.
Los acusados, a la hora en que les dieron el derecho de expresar la última palabra, reiteraron que son inocentes de los gravísimos delitos de los que se los acusa. Solamente Mirta Antón (Cuca) indicó que ella no era la única mujer que trabajaba en ese momento en el Centro Clandestino de Detención D2, sino que eran 10 en total, y agregó que al momento de los hechos se encontraba con licencia médica por una afección en su garganta.
Cabe recordar que en un principio los acusados eran 20, que en su mayoría por inhabilitación o fallecimiento no podrán enfrentar condena. Además, fueron 14 las víctimas. Sin embargo, sólo siete de ellas son sobrevivientes, mientras que otras siete aún se encuentran desaparecidas.
El juicio contempló crímenes ocurridos durante septiembre de 1978 a agosto de 1979, en el Centro Clandestino de Detención D2, ubicado en calle Mariano Moreno esquina Caseros. A cargo de las acusaciones estuvieron los fiscales Facundo Trotta y Carlos Gonella.
El caso
El expediente reunió información sobre lo sufrido por un grupo de mujeres, esposas de presos comunes detenidos en la Unidad Penitenciaria 1 que ayudaron a presos políticos incomunicados alojados en dicho penal haciendo de correo con sus familias.
Ellas fueron Teresa Luisa Peralta, Marta Nélida Funes y su hijita de 10 años, Delfina Lidia Peñaloza y María de las Mercedes Moreno. Junto a ellas María Lidia Piotti, esposa del preso político Cecilio Salguero.
Todas secuestradas, torturadas, violadas y amenazadas. En tanto a María de las Mercedes Moreno, que al momento de los hechos cursaba un embarazo avanzado y tuvo en esas circunstancias una niña, los represores la entregaron en la Casa Cuna donde fue apropiada por personal de esa institución. Siendo hoy la nieta recuperada número 107.
Se ventilaron los hechos ocurridos a los trabajadores municipales Olga del Carmen Molina, José Manuel Ochuza y Luis Enrique Rosales quienes junto a Carlos Alberto Franco y Roberto Maldonado fueron secuestrados el 12 de junio de 1979, torturados en el D2, asesinados y desaparecidos.
También al empleado bancario Juan Carlos Bazán y su primo Elías Humberto Ríos, ambos secuestrados el 8 de agosto del mismo año de quienes consta en la denuncia de Charlie Moore el derrotero que sufrieron.
De los más de 20 acusados que tuvo esta causa en un inicio, se juzgaron sólo a siete entre personal del Departamento de Informaciones D2 y civiles, como una ex funcionaria judicial que facilitaron la apropiación de la bebé nacida en cautiverio. Ellos son: Mirta Antón (Cuca), Carlos Yanicelli (Tucán), Yamil Jabour, Juan Eduardo Molina, Raúl Alejandro Contrera, Ana María Rigutto de Oliva Otero y Adela María González.
También se solicitó que se rectifique el legajo laboral de una de las víctimas desaparecidas, que fue declarada cesante por las inasistencias injustificadas que figuraron como abandono de trabajo, cosa que el Tribunal dio ha lugar.
