El panorama de las manifestaciones en la provincia de Córdoba se torna cada vez más incierto luego de las recientes declaraciones de Patricia Bullrich, quien recientemente reiteró la advertencia: manifestantes que corten calles no recibirán planes sociales, enfatizando la implementación del nuevo protocolo para garantizar el orden durante las movilizaciones del próximo miércoles.
«El primer día va a ser difícil, pero se va a hacer. Estamos decididos a hacer respetar la ley y el orden, generan libertad y la libertad genera progreso. Lo único que hemos hecho con este protocolo es justamente ordenar y que las personas sepan qué consecuencias van a tener si cortan la calle», afirmó la ministra.
En este marco, el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, abordó cómo se manejarán las posibles movilizaciones en la región cordobesa.
En una entrevista a Radio Mitre, Quinteros destacó la importancia del diálogo como prioridad para su gestión: «Vamos a siempre priorizar el diálogo. Tenemos la obligación de garantizar la circulación y el transporte público por lo que vamos a cumplir con la ley».
Esto surge en el contexto de un fallo judicial que restringe las protestas en áreas centrales, limitando los cortes totales desde principios del año pasado, dictaminado por el juez de Control Juan Manuel Fernández, en respuesta a reclamos de vecinos y comerciantes.
El titular de la cartera de Seguridad se reunió recientemente con la cúpula policial en la comisaría 35, junto al nuevo jefe de la fuerza, Leonardo Gutiérrez, para delinear estrategias en relación con el plan de prevención y combate al delito, en previsión de la discusión de la nueva Ley de Seguridad en la Legislatura provincial.
Sin embargo, el panorama se pone tenso a nivel nacional con la convocatoria de diversas agrupaciones sociales, incluyendo UTEP, Libres del Sur y FOL, entre otras, quienes han llamado a una «jornada nacional de asambleas y ollas populares» en protesta contra lo que consideran medidas que empeoran las condiciones de vida de los argentinos.
En medio de este clima de tensión, desde la Unidad Piquetera (UP) han adelantado que presentarán denuncias por amenazas y recorte de la libertad de expresión, apuntando hacia altos funcionarios del gobierno en relación con el anunciado protocolo sobre protestas sociales.
Esto coincide con el aniversario del estallido social del 19 y 20 de diciembre del 2001, donde se esperan marchas desde el Congreso Nacional a la Plaza de Mayo. Además, se ha convocado a una audiencia pública en la Cámara de Diputados contra el protocolo antipiquetes, catalogado por algunos como «completamente ilegal e inconstitucional».
En este contexto, distintas organizaciones, sindicatos y movimientos sociales preparan manifestaciones y acciones como el «feriazo» en la Plaza del Congreso y una «Jornada Nacional de Ollas y Asambleas Populares contra el ajuste económico», denunciando políticas que, aseguran, afectan a los trabajadores, jubilados y los sectores más vulnerables.
La tensión crece en el ambiente político y social mientras las posturas entre el gobierno, las organizaciones sociales y los sectores afectados por las políticas gubernamentales parecen distanciarse, dejando en suspenso el desarrollo de las manifestaciones en Córdoba y el país en general.
