Titulares de planes de autoahorro se manifestaron el martes pasado frente al edificio de Tribunales de Río Cuarto y dirigieron su reclamo a las autoridades del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), quienes tienen que resolver sobre una causa en la que se discute la competencia de la Justicia provincial en estos conflictos.
Carlos Gasó, vocero de los manifestantes, señaló que el órgano judicial “tiene en estudio, a fallo, una causa donde debe resolver acerca de la competencia de la Justicia ordinaria en esta problemática. Y también sobre la vigencia y legitimidad de las medidas cautelares adoptadas”.
“Hay gente que empezó, hace tres años, pagando 5.000 pesos y hoy, con la cautelar, están pagando 40.000 de cuota” por un vehículo. Lo que está en estudio es la competencia de la Justicia para resolver sobre esta cuestión, como primer punto. Y el segundo tema es precisamente la vigencia y aplicación de las cautelares. Esto es lo que tienen que resolver”, explicó el vocero.
Los ahorristas pretenden que el TSJ resuelva esta situación en tiempo prudente, ya que “cada día que pasa genera mayor incertidumbre, mayores problemas y una angustia terrible en cada uno de los ahorristas.
Además, señalaron que se trata de una situación que afecta a miles de personas en toda la provincia. En ese marco, Gasó denunció que un “acoso sistemático” y amenazas de parte de las empresas para reclamar deudas. “Las administradoras amenazan con rematar los vehículos, acosan a las garantías, y todo esto en el marco de la pandemia”, señaló el ahorrista, quien denunció que reclaman por las deudas generadas por la aplicación de una medida cautelar.
“El juez dictó una medida cautelar diciendo que, hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión, los ahorristas van a pagar una cuota reducida. Eso debieron hacer las administradoras. El problema ahora es cuando alguien quiere pagar la cuota 84, estas le dicen que tienen que abonarla junto a todo lo que no pagaron por aplicación de la medida cautelar”, dijo el abogado
Según se explicó, la cifra reclamada por las empresas puede llegar, de acuerdo al caso, a los 900.000 pesos. “Ofrecen facilidades de pago pero a cambio de renunciar a un reclamo judicial”, finalizó.
