El 11% de las mujeres de 18 a 49 años en Argentina declararon haber sido víctimas de abuso sexual durante su infancia o adolescencia, es decir que -extrapolándolo a las infancias- al menos 1 de cada 10 niñas y adolescentes sufren violencia sexual en Argentina, según datos de la Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes de Unicef (2019-2020).
“Es bastante inédito tener un dato así en nuestro país y sirve bastante para dimensionar la problemática, teniendo en cuenta que las denuncias en los casos de abuso sexual se estima que son muy bajas porque justamente la mayoría de los casos en que niños y niñas sufren este tipo de violencias son cometidos por su entorno cercano o familiar”, subrayó la oficial de Protección de Derechos y Acceso a la Justicia de Unicef, Sabrina Viola, en una entrevista con la agencia Télam.
En vísperas del Día Internacional de Prevención del Abuso Sexual Infantil, la especialista advirtió que “hay muchos obstáculos que convergen para que esa situación tarde mucho en exponerse: muchas veces, los niños y niñas tardan en reconocer que están sufriendo violencia sexual y cuando hablan no se les cree o las personas con las que tienen contacto cotidiano no saben cómo detectar esas situaciones”.
En Argentina no existen datos unificados sobre denuncias, causas en proceso judicial o la cantidad de condenas por abuso sexual, más allá del registro de programas nacionales de protección como las líneas 102 y 137, por lo que Unicef decidió incorporar en su última encuesta nacional la pregunta concreta sobre si “en su niñez o adolescencia, ¿alguna vez alguien la obligó de alguna manera a tener relaciones sexuales o realizar cualquier otro acto sexual cuando no quería hacerlo?”.
El resultado fue que el 11% de las mujeres de 18 a 49 años consultadas reconoció haber sufrido abuso sexual infantil, lo que ubica a la Argentina dentro de los registros internacionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que indican que 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres adultos declararon haber sufrido abusos sexuales en la infancia, la mayoría de los cuales tiene lugar en un contexto intrafamiliar.
El mayor porcentaje de mujeres que admitieron haber sido víctima de abuso infantil son de sectores socioeconómicos más bajos (13,5%), con estudios secundarios incompletos (12,6%) y se encontraban en la región patagónica al momento de realización de la encuesta (14,3%).
La vocera de Unicef sobre la temática advirtió que “hay complejidades que hacen que muchas veces los chicos callen por miedo, por vergüenza, por pensar que pueden ser estigmatizados, por miedo a ser amenazados; y las madres también muchas veces tardan en saber qué hacer porque hay dependencia económica o incluso también sufren violencia de género, lo que complica que se conozcan los casos”.
Durante la pandemia, las medidas de aislamiento sanitario obligatorio generaron “un aumento considerable” en el pedido de ayuda en casos de violencia sexual e intrafamiliar y, de acuerdo al reporte de la línea 137 de atención especializada, se registró un aumento del 48% en los llamados recibidos a partir del confinamiento respecto al período anterior, comprendido entre octubre del 2019 y el 19 de marzo de 2020.
“Sucedieron distintas cosas: la convivencia ininterrumpida con quien podría ser el agresor y también que los chicos y las chicas dejaron de tener contacto cotidiano con la familia ampliada o con docentes y amigos que tienen en la escuela o en instituciones deportivas. Esta red es muy importante para la detección temprana y al verse interrumpido eso, los riesgos aumentaron un montón. Además, al comienzo del ASPO muchos sistemas de protección se vieron interrumpidos”, explicó Viola.
En tanto, agregó que es importante que haya una capacitación de todos los actores que están en relación a las infancias en su vida cotidiana para “mejorar la detección temprana y lograr una escucha adecuada” en casos de abusos sexuales, en tanto que precisó que desde Unicef «se trabaja con otros sectores para lograr una mejor articulación de los organismos estatales en los procesos de atención, protección, acceso a la Justicia y respuesta en el caso de abusos sexuales”.
“Hay que brindar un abordaje integral, con intervenciones adecuadas para no revictimizar a los niños y niñas llevándolos a brindar declaraciones en reiteradas oportunidades o exponiéndolos a muchos exámenes físicos. Es necesario que las escuelas, los organismos de Salud, de Protección de la Niñez, el Poder Judicial, las comisarías sepan fortalecer la coordinación”, afirmó Viola.
Finalmente, hizo hincapié en la necesidad de fortalecer la vinculación de la investigación penal con las decisiones que se toman en el fuero familiar respecto de esa niña, niño o adolescente, para evitar la posible revinculación con los abusadores ya que, argumentó, “si bien muchas veces hay complejidades para que se llegue a la condena, los niños y niñas sí sufrieron la vulneración de sus derechos”.
