El Colectivo por el Derecho a la Salud Mental convoca a la 11a. marcha para exigir por la implementación de la ley nacional y también provincial de Salud Mental. Será este viernes a partir de las 17 horas en la intersección de Colón y La Cañada de nuestra ciudad.
«Hace más de una década, este movimiento que congrega a personas usuarias, trabajadores, organizaciones, estudiantes y familias impulsa las marchas como una acción colectiva de visibilización e incidencia pública», indicaron desde la organización y denunciaron que hace pocas semanas, una investigación reflejó que en el mismo período, los programas vinculados a salud mental y consumos problemáticos de la provincia de Córdoba sufrieron un recorte de más del 50% de presupuesto.
Aseguran que el mayor componente afectado por el desfinanciamiento provincial son los salarios y por lo tanto, «el ajuste histórico debería ser un escándalo social». Ese es el principal motivo que el Colectivo por el Derecho a la Salud mental expone para impulsar esta nueva movilización.
“Marchamos para cuidar lo público porque el ajuste afecta nuestra salud mental”, expresa un video que adelanta aspectos centrales de lo que se reclamará desde la movilización que lleva más de una década exigiendo la efectiva implementación de la Ley de Salud Mental 26.657, sancionada en 2010 y reglamentada en 2013. Como así también la ley provincial 9.848 -que data de 2010- que define los objetivos y principios del sistema de salud mental provincial, pero que en Córdoba no tiene un órgano de revisión local que monitoree y controle que la ley se cumpla efectivamente y se garanticen los derechos de las y los usuarios del sistema de salud mental.
«Lo que venimos reclamando desde el colectivo organizador de la marcha es que hoy estamos a 14 años de la sanción de estas dos normativas y todavía no se han producido los avances que deberían existir respecto a esto», dijo en declaraciones al diario La Nueva Mañana, Solana Yoma, doctora en psicología, docente de la UNC y parte del Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos.
«Se han producido algunos cambios, pero el plazo para la sustitución de los manicomios, por ejemplo, que debía ser en el 2020 no ocurrió. Estamos ya en 2024 y siguen existiendo instituciones manicomiales públicas y privadas en la provincia donde suceden gravísimas vulneraciones a los derechos humanos de las personas», explicó Yoma.
Además, planteó que en esa línea, uno de los reclamos fuertes de la marcha es contra las vulneraciones de derechos de las personas internadas y sobre todo, situaciones que configuran torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes que producen en estas instituciones y que incluso han acabado con la vida de personas que estaban internadas.
Tal como el caso de Ezequiel Castro, el joven de 21 años que murió mientras estaba internado en el Centro Psico Asistencial de Córdoba (CPA) que depende de la Secretaría de Salud Mental. Ezequiel fue detenido por la Policía a una cuadra de su casa, en el barrio Cerro Norte, donde estaba tomando una gaseosa con un amigo. Poco antes de morir, lo trasladaron al Hospital Misericordia, allí su cuerpo presentaba signos compatibles con tortura.
En ese momento, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) denunció que hubo una orden de libertad a favor de Ezequiel que nunca llegó a concretarse, de la cual la familia del joven se enteró cuando había muerto: «Él no debería haber estado detenido», contó a este medio Lorena Acuña, mamá de Ezequiel.
Por el momento, la Justicia investiga cerca de 26 personas ya que las circunstancias de la detención fueron irregulares y el chico murió en condiciones dudosas. Incluso se denunció que hubo una demora del peritaje médico forense.
«La causa por mi hijo está parada, la fiscal Jorgelina Gutiez no avanzó ni quiere darle a nuestros abogados acceso a información sobre el estado de las cosas. Llegamos a pedir incluso una reunión con el fiscal General Delgado para plantearle esto porque llevo mucho tiempo esperando justicia», indicó la mamá de Ezequiel y agregó que entre los investigados por la muerte de su hijo, «hay tres trabajadores de la salud, psicólogos y médicos, que son los mismos involucrados en el caso de Matías Mariño», el joven que quedó en estado vegetativo luego de pasar por el CPA.
«Si a ellos los hubieran apartado de sus tareas cuando murió mi hijo, lo de Matías no hubiera ocurrido. Ahora, lo horrible es pensar que pueden haber otras personas atravesando la misma situación», agrega Lorena quien sigue exigiendo que avance la causa para esclarecer la muerte de su hijo y evitar más situaciones violentas y de muertes en el CPA.
«Ezequiel murió producto del maltrato que recibió en esa institución», retomó Yoma y destacó que en la implementación de la ley a nivel local los avances han sido «muy tímidos».
«Hay algunos reclamos históricos por los que venimos insistiendo y persistiendo, por un lado con cuestiones que tienen que ver con lo presupuestario», dice Yoma sobre la disminución del presupuesto para salud mental que viene en picada desde 2015: «Desde esa fecha, hubo una reducción del 50% en las partidas destinadas a salud mental», remarcó.
«En la ciudad de Córdoba tenemos 100 centros de salud pero solamente hay 24 psicólogos y psicólogas, es decir, un cuarto de la población de Córdoba puede tener atención en los servicios de psicología en el sector público», explicó la psicóloga y añadió que solo hay 19 trabajadores sociales para los 100 centros de salud.
«Por eso, cuando nosotros hablamos del primer nivel de atención, también hablamos de la necesidad que haya equipos interdisciplinarios completos en todos los territorios para poder hacer acompañamiento y no tener que esperar a que se desencadene una crisis en una persona que tenga que ser internada en una institución monovalente o en el mejor de los casos en un hospital general», puntualizó Yoma sobre la urgencia de activar más presupuesto y los mecanismos que garanticen a la comunidad el acceso digno a los servicios de salud mental. Así como también salarios dignos y condiciones adecuadas de trabajo para las y los trabajadores del sector.
«Un lema que salió desde que se sancionó la Ley de Salud Mental es: la salud mental no es cosa de locos, es cosa de todos y los reclamos que llevamos en la marcha tienen que ver con eso», señaló Yoma y acotó que hay que pensar que todos podemos ser usuarios y usuarias de los servicios de salud mental y por ello, defender y exigir el cumplimiento efectivo de las leyes tiene que ser algo colectivo: «Eso tiene que ver con cómo queremos que sea nuestra atención como potenciales usuarios de esos servicios. Por eso este año decimos: cuidar lo público, fortalecer la comunidad y defender la dignidad».
