La Justicia absolvió este martes a los cuatro trabajadores municipales acusados por la muerte de Luciano Aranda, el adolescente de 14 años que murió electrocutado en una plaza de la ciudad de Córdoba. El veredicto dejó en evidencia las dificultades estructurales en el control y mantenimiento de las luminarias públicas.
El tribunal resolvió que Julio Sebastián Banegas, Hugo Chocabares, Ramón Cuello y Marcos Farioli, integrantes del Departamento de Mantenimiento de la Dirección de Alumbrado Pública, no eran responsables penales del hecho. La acusación por homicidio culposo quedó descartada en esta instancia.
Además, el fallo ordenó enviar el expediente al Ministerio Público Fiscal. El objetivo es determinar eventuales responsabilidades sobre el origen del siniestro que derivó en la muerte del adolescente.
El abogado de la familia Aranda, Carlos Nayi, señaló que la plaza presentaba falencias estructurales que se arrastraban desde hacía años. Afirmó que, con intervenciones adecuadas, el episodio podría haberse evitado.
Nayi remarcó que la querella considera que la evidencia es “contundente, copiosa y abrumadora” respecto de las fallas de mantenimiento que habrían generado el riesgo eléctrico. La familia ahora espera los fundamentos completos del fallo para definir si avanzará con un recurso de Casación.
Por su parte, Pedro Despouy, uno de los abogados defensores, sostuvo que sus clientes no provocaron la situación de peligro. Aseguró que el daño en la columna se originó por actos de vandalismo, específicamente la rotura de una tapa del poste.
Despouy afirmó que los empleados municipales no contaban con los recursos necesarios para controlar el sistema lumínico a escala. Según detalló, es “imposible” realizar mantenimiento preventivo sobre más de 160 mil luminarias con apenas diez trabajadores y cinco cuadrillas.
El abogado agregó que los acusados venían reclamando desde hace tiempo una mayor dotación de personal e insumos. Sostuvo que, ante ese escenario, no podía atribuírseles responsabilidad penal por el siniestro.
La causa continuará en manos del Ministerio Público Fiscal, que deberá investigar cómo se produjo el desperfecto eléctrico que provocó la descarga fatal. El expediente vuelve a poner en debate el estado del alumbrado urbano y la cobertura real de los controles municipales.
Pidieron condenas para los empleados municipales por la muerte de un adolescente electrocutado
