Agentes de la Agencia Regional Federal Centro Córdoba, desarticularon una organización delictiva dedicada a realizar estafas virtuales utilizando para ello a varios jóvenes que eran explotados laboralmente, los cuales fueron rescatados.
La investigación se inició a raíz de la denuncia de una joven oriunda la ciudad misionera de Puerto Iguazú, quien relató que fue atraída a la ciudad de Córdoba mediante una oferta laboral engañosa a través de redes sociales. Para llamar la atención, dicha estructura criminal exponían en redes sociales fotografías de sus líderes en la capital cordobesa, ostentando ropas de marca, vehículos de alta gama y joyas.
Este ardid publicitario estaba dirigido a captar jóvenes que buscaban lograr la oportunidad para obtener su primer trabajo.
Posteriormente, los datos recabados por los uniformados establecieron que la banda proponía a los jóvenes generar ingresos mediante el uso de redes sociales, a través de una empresa que según decían, estaba asociada a importantes plataformas digitales internacionales.
Para asociarse a la misma y ser miembros de esa “franquicia digital” debían abonar una “suscripción” que rondaba entre los ciento cincuenta y doscientos dólares, todo se realizaba online. Luego se determinó que el monto era estimativo ya que los mismos especulaban con solicitar más dinero al nuevo suscriptor, porque previamente efectuaban un sondeo socio-económico de ellos.
Sin embargo, si los jóvenes no podía pagar el monto de la suscripción, los convencían de trasladarse por sus propios medios a la ciudad de Córdoba hasta un edificio, donde en pequeños departamentos eran hacinados en precarias condiciones y allí sus líderes, aprovechando la situación de vulnerabilidad económica, los captaban para unirse a la organización delictiva e iniciar un nuevo trabajo.
Este consistía en crear perfiles falsos en las redes sociales, con el objeto de seguir captando personas para el pago de la “suscripción”. Toda estas actividades eran registradas en cuadernos constantemente monitoreados.
A medida que se desarrollaban las pesquisas ordenadas por la Fiscalía Federal Nº3 a cargo del Dr. Maximiliano Hairabedian, los efectivos federales determinaron que el principal referente en la provincia de Córdoba era un hombre de nacionalidad venezolana, apoyado por dos mujeres de nacionalidad argentina, con un claro esquema de control jerárquico, obligando a los jóvenes a llamar “Líder” a su principal referente.
Cabe destacar que esta organización tenía acceso a cuentas bancarias en el exterior, como ser en Bancos de Colombia y Bancos de Perú, festejando en las redes sociales cada pago de “suscripción”, la mayoría de esos pagos era a través de criptomonedas para evitar que esos pagos sean rastreados.
Con el total de las pruebas obtenidas, el Juzgado Federal de Córdoba a cargo del Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría de la Dra. Soledad Manccini, ordenó seis allanamientos. Cinco de ellos se realizaron sobre la calle Bedoya al 900 y el restante sobre un hotel céntrico de la ciudad.
Durante el procedimiento, efectuado junto a personal del Gabinete Científico Córdoba con la colaboración del Departamento Articulación Operativa y Evaluación del Riesgo Delictual, fueron detenidos un hombre de nacionalidad venezolana y dos mujeres argentinas. Asimismo, fueron rescatados veintisiete jóvenes de condición social humilde quienes se hallaban hacinadas.
Estos fueron entrevistados por el equipo interdisciplinario de la Subsecretaría de Trata de Personas de la Provincia de Córdoba, determinándose que todos ellos eran víctimas de trata de personas.
Entre los afectados, hay personas de las provincias de Santiago del Estero, Misiones, Buenos Aires, Catamarca, Salta, Córdoba, Chaco y de distintos países como Venezuela, Uruguay, Brasil y Ecuador. Además secuestraron 42 teléfonos celulares, 36 cuadernos con anotaciones varias, ocho cuadernos con anotaciones de comprobantes de depósitos y transferencias en el exterior, tres notebooks y demás elementos de interés.
Los aprehendidos, junto a los elementos secuestrados, quedaron a disposición del magistrado interventor.
