El fiscal del Distrito 1 Turno 2, Guillermo González, continúa con la investigación de los certificados truchos del Departamento de Bomberos de la Policía de Córdoba emitidos de forma irregular en la causa que, hasta ayer, contaba con siete detenidos. En tanto, se conoció que los montos que se cobraban por las maniobras ilegales alcanzaban los $ 500.000.
En este marco, la Municipalidad de la Ciudad analiza constituirse como querellante. Aparentemente, la maniobra consistía en confeccionar habilitaciones sin inspeccionar de forma adecuada que se cumplan los requisitos de seguridad.
Con esos certificados falsificados se tramitaban las habilitaciones municipales de locales que no respetaban las medidas de seguridad reglamentarias. Entre los locales allanados figuran sucursales de los supermercados Cordiez, Merca Max y Mariano Max, una sucursal de la concesionaria Auto Haus, las canchas de Garden Pádel y la empresa de servicios Mega Servicios.
La investigación comenzó hace alrededor de un año, a partir de la denuncia de un bombero retirado que, cuando estaba en actividad, se dedicaba a la verificación de seguridad e higiene. Una vez retirado, se encontró con certificados que tenían su firma y su sello, sin que él las hubiera realizado.
A partir de esta situación irregular, el bombero retirado presentó la denuncia y allí comenzó la investigación que detectó cobranzas de entre $ 100.000 y $ 500.000. Esto se vio reflejado, según trascendió, en el estilo de vida de uno de los acusados detenidos, un policía que vive en un country y que cuenta con dos autos de alta gama.
En este escenario, la fiscalía avanza para responder varias preguntas. ¿Hay empleados o funcionarios municipales implicados? ¿los dueños de los comercios eran víctimas o cómplices de la maniobra? ¿cuántos locales en total fueron habilitados de forma irregular?
Desde el municipio indicaron que esperan información de la Justicia para inspeccionar los 26 comercios de la ciudad que están involucrados hasta ahora en la causa. La potestad de habilitación de esos establecimientos es de la Municipalidad, que hasta el momento no conoce el listado taxativo de los negocios que tenían los certificados apócrifos.
“El proceso de digitalización que llevamos adelante permite el entrecruzamiento de datos y la Fiscalía tiene acceso directo al sistema municipal”, aseguraron al respecto desde el Palacio 6 de Julio. En tanto, la Asesoría Letrada del municipio analiza la posibilidad de presentarse como querellante para tener acceso al expediente e insisten en la necesidad de profundizar la requisa de modo que se ponga a salvo la transparencia del sistema de habilitación de negocios.
