La Fiscalía de Instrucción del Distrito III de Córdoba, a cargo del Dr. Guillermo González, requirió la elevación a juicio de una de las causas más complejas y delicadas de los últimos años en la provincia. La investigación, contenida en una resolución de 366 páginas, gira en torno a una asociación ilícita que operaba desde el cuartel central de Bomberos y áreas de la Municipalidad de Córdoba, dedicada a la expedición sistemática de certificados falsos de inspección final.
De acuerdo con la fiscalía, la estructura delictiva comenzó a operar en 2008, encabezada por el entonces director de Bomberos, Gustavo Jorge Folli Pedetta, quien organizó un «kiosco paralelo» dentro del cuartel central para emitir documentos apócrifos a cambio de grandes sumas de dinero. Estos certificados habilitaban comercios, locales nocturnos y otras instalaciones sin cumplir los requisitos mínimos de seguridad e higiene, poniendo en riesgo la seguridad pública.
La red continuó operando durante años, incluso después del retiro de Folli, siendo sucedida en la dirección por Sergio Enrique Sosa y luego, en su fase final, liderada por el exbombero Julio Zárate, devenido en gestor. En total, la fiscalía imputó a 16 personas como miembros o colaboradores de la organización, entre ellos funcionarios policiales, inspectores municipales, ingenieros, gestores privados y empresarios.
Entre los imputados también figura Leandro Rodríguez, jefe de inspectores municipales, señalado por facilitar la habilitación definitiva de locales comerciales mediante la connivencia con la red delictiva.
La acusación incluye una extensa lista de delitos, entre ellos: asociación ilícita (varios en calidad de jefes y otros como miembros), falsedad ideológica y uso de documento público falso (en numerosos hechos), cohecho activo, encubrimiento agravado con ánimo de lucro, lesiones graves calificadas y violencia de género, aborto no consentido, entre otros.
El fiscal González también destaca la existencia de una tercera ala delictiva, conformada por empresarios que se beneficiaron directamente de los certificados falsos, aunque no fueron parte formal de la organización. Es el caso de responsables de empresas como CYRE S.A. (Supermercados Cordiez y Mercamax), el bar Vlack, el instituto médico CIDI S.A. y Garden Padel S.A., cuyos titulares también fueron imputados por hechos puntuales.
La oficina clandestina funcionaba en el primer piso del cuartel de bomberos, donde los interesados pagaban por certificados falsos sin que jamás se realizaran las inspecciones correspondientes. Los informes técnicos estaban firmados por ingenieros vinculados a la red, quienes validaban condiciones inexistentes en los comercios.
La causa principal dio lugar a otras líneas investigativas, algunas ya clausuradas con condenas firmes. Entre ellas, se destaca la del inspector municipal Héctor Ignacio Jayo, condenado por exacciones ilegales, y otros funcionarios detenidos por extorsión reiterada.
Además, la fiscalía confirmó que aún están pendientes investigaciones sobre carnets de conducir falsos y habilitaciones irregulares vinculadas a espectáculos públicos.
