La Cámara en lo Criminal y Correccional de 8° Nominación de la ciudad de Córdoba condenó a la abogada Nadia Gabriela Podsiadlo a dos años de prisión condicional, tras hallarla culpable del delito de defraudación con el pretexto de remuneración ilegal, en grado de tentativa. Además, la justicia le impuso una inhabilitación especial para ejercer la abogacía durante tres años.
El fallo fue dictado por el camarista Juan Manuel Ugarte, quien presidió la sala unipersonal. Según se desprende de la sentencia, Podsiadlo engañó a la madre de un detenido haciéndole creer que el fiscal que intervenía en la causa exigía el pago de una suma de dinero para otorgar la libertad del acusado. La mujer, Gloria Adriana Vallejos, denunció la situación ante la fiscalía y permitió que la maniobra fuera frustrada por la intervención policial, que detuvo a la abogada justo después de que recibiera el dinero.
El episodio tuvo lugar en 2019, cuando Podsiadlo solicitó inicialmente 30.000 pesos a la víctima, cifra que coincidía con la fianza dispuesta por la fiscalía para que el detenido pudiera recuperar la libertad. Sin embargo, en comunicaciones posteriores, la abogada sugirió que ese monto podía reducirse gracias a un presunto acuerdo con el fiscal, lo que daba a entender que existía un trato ilícito.
La investigación probó que esa supuesta negociación era falsa y que la abogada buscaba quedarse con el dinero, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de la madre del detenido y de su propia posición como profesional del derecho. El juez Ugarte subrayó en el fallo que Podsiadlo utilizó un ardid para inducir a la mujer a desprenderse de su patrimonio, violando principios éticos y legales fundamentales.
El magistrado también destacó la gravedad del hecho, al considerar que se trató de un “abuso profesional” perpetrado prácticamente frente al mismo órgano judicial donde la letrada actuaba. Además, remarcó el daño que su conducta provocó tanto a la imagen del Poder Judicial como a la credibilidad del ejercicio de la abogacía.
En la resolución se aclaró que los abogados pueden solicitar una contracautela al momento de asumir una fianza, pero deben informar claramente que los fondos están destinados a garantizar el cumplimiento de las condiciones impuestas por la justicia, y no a entregar dinero a funcionarios, como falsamente se planteó en este caso.
“La irregularidad quedó probada: la abogada intentó obtener un beneficio económico personal, amparándose en un trámite judicial legítimo como es la fianza, pero tergiversando su sentido y finalidad”, señala el fallo. La pena impuesta coincidió con lo solicitado por el fiscal de Cámara, Fernando López Villagra, y representa una advertencia sobre los límites éticos y legales en el ejercicio de la profesión jurídica.
