Tras las sospechas generadas por una organización delictiva que estaría financiando a la organización islámica Hezbollah mediante transferencias de criptoactivos, la Policía Federal realizó un operativo por medio de varios allanamientos en las provincias de Córdoba y Santa Fe, pero aún no hay detenidos ni imputados en la causa.
El procedimiento, en el que se secuestraron varias armas entre otros elementos, estuvo a cargo de efectivos del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Superintendencia de Investigaciones Federales. Según indicaron fuentes de la fuerza, la causa se inició por intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a raíz de un informe elaborado por la Unidad de Información Financiera (UIF).
En el trabajo se advertía sobre operaciones en criptomonedas entre un ciudadano de nacionalidad colombiana que se encontraba en la provincia de Córdoba y una billetera virtual que habría sido marcada como sospechosa de actividad de financiamiento del terrorismo, listada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, en inglés «Office of Foreign Assets Control» (OFAC), a cargo de un ciudadano sirio en el Líbano y vinculado al Hezbollah.
Según se supo, se habrían detectado un total de 34 operaciones de activos virtuales en USDT efectuadas por el investigado entre marzo y junio del corriente año, las que se encontrarían vinculadas de manera indirecta, es decir transacciones de 4° grado, con otra billetera que habría sido marcada por la herramienta norteamericana de monitoreo «Chainalysis», como sospechosa de actividad de financiamiento del terrorismo.
Se estima que el volumen de fondos operados en el transcurso de dos años, ascendería a la suma de 1.800 millones de pesos, tanto en créditos como en débitos.
El juez federal subrogante de San Francisco, Sergio Pinto, con esa información, ordenó la realización de siete allanamientos en la localidad cordobesa de la Porteña y uno en la localidad de Vila, provincia de Santa Fe.
Durante los allanamientos, se secuestraron tres escopetas, una pistola, cartuchos y municiones varias, además de dinero en billeteras virtuales, cuadernos y libretas con anotaciones, una CPU, notebooks y siete teléfonos celulares.
En tanto, se identificó a los dueños de las viviendas y se tomaron sus datos y sus huellas, lo que no implica una detención, sino las propias demoras que tienen este tipo de procedimientos.
