El viernes, el Poder Judicial de Córdoba supervisó la destrucción de un total de 7.700 armas de fuego que habían sido incautadas en investigaciones judiciales entre 2019 y años anteriores. La operación incluyó armamento almacenado en el Depósito de Armas y Efectos Secuestrados del Palacio de Justicia II de la ciudad capital, con piezas provenientes tanto de la capital provincial como del interior.
La acción se realizó en cumplimiento del Acuerdo 478, Serie “A”, del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba, el cual autorizó la eliminación definitiva de las armas cortas y largas, exceptuando aquellas de calibre 9 mm, 12.70 y .38 Special, debido a su posible utilidad para las fuerzas de seguridad. También se conservaron aquellas que, por sus características técnicas o valor pericial, justifican su resguardo.
El operativo logístico y de seguridad implicó un despliegue sin precedentes, con la participación de alrededor de 160 efectivos de distintas fuerzas de seguridad y unidades especializadas. Estuvieron involucrados agentes de la Dirección General de Investigaciones Criminales, el Equipo de Tácticas Especiales Recomendable (ETER), el Servicio Especial en Operaciones Motorizadas (SEOM), la Patrulla Aérea, la Policía Caminera, el Cuerpo de Acción Preventiva (CAP), unidades motorizadas, y también efectivos del Ejército Argentino. En zonas estratégicas se desplegó incluso personal táctico en altura, como parte del dispositivo de vigilancia.
Cómo fue el operativo
El procedimiento de traslado inició a las 17.15 con la colocación de cajas lacradas que contenían armas cortas en pallets. Unos 15 minutos más tarde, arribó al Palacio de Justicia un camión con semirremolque perteneciente a la IV Brigada Aerotransportada del Ejército, que fue utilizado para el transporte. Más de 40 policías intervinieron en la carga del material, que incluyó 4.200 armas cortas y 3.500 armas largas como escopetas, carabinas y rifles.
El proceso de carga concluyó a las 21 horas. A las 21.45, la comitiva partió en caravana hacia la localidad de Toledo, donde se encuentra la empresa Adalmi, encargada de la fundición. La planta recibió el cargamento a las 22.30 y de inmediato comenzó la descarga. La destrucción comenzó formalmente a las 23 y se extendió hasta las 9.45 del sábado 10 de mayo.
Cabe destacar que la empresa Adalmi prestó el servicio de fundición de forma gratuita, como una contribución a la seguridad pública y la lucha contra el uso ilegal de armas. La Secretaría Penal del TSJ fue la encargada de establecer los procedimientos técnicos del operativo, desde el inventario inicial hasta la destrucción definitiva del armamento.
La iniciativa forma parte de una política judicial sostenida para reducir el riesgo de reutilización de armas ilegales y liberar espacio en los depósitos oficiales. Desde el Poder Judicial destacaron la magnitud del operativo y la coordinación interinstitucional que permitió concretar la eliminación de miles de armas que, de otra manera, podrían haber representado un peligro para la sociedad.
