Como un desprendimiento de la causa «Bomberos», la justicia provincial ordenó detener a tres inspectores municipales, acusados de pedir dinero a vendedores ambulantes, para que puedan continuar con sus tareas informales.
Tras la investigación de la Unidad de Delitos Económicos, el fiscal Guillermo González imputó a Mónica Silva, Diego Silva y Luis Ponce por el delito de extorsión, pena que puede llegar a una pena máxima de 10 años de prisión.
Los involucrados fueron denunciados en el mes de junio por extorsionar a vendedores callejeros a pagar mensualmente fuertes sumas de dinero para continuar desarrollando esa actividad comercial en la vía pública del centro de nuestra ciudad y en algunas oportunidades, incluso, esas sumas se hacían vía transferencia bancaria a las cuentas de los imputados.
La pesquisa se desprende de la megacausa denominada “Bomberos”, que analiza maniobras delictivas como funcionamiento y habilitaciones irregulares de establecimientos comerciales, extorsiones y falsificación de documentos, entre otras, y que ha provocado el desplazamiento de numerosos funcionarios.
