La investigación por el femicidio de Agostina Vega atraviesa una semana clave, marcada por decisiones judiciales de alto impacto que podrían definir el rumbo de la causa.
Por un lado, se espera que el fiscal de instrucción Raúl Garzón dicte la prisión preventiva de Claudio Barrelier, principal acusado por el crimen de la adolescente de 14 años. La medida se apoyaría en un conjunto de pruebas reunidas durante la investigación, entre ellas peritajes científicos, evidencias biológicas, análisis telefónicos y declaraciones incorporadas al expediente, que sostendrían la hipótesis acusatoria.
Barrelier permanece detenido e imputado por abuso sexual con acceso carnal y homicidio triplemente calificado: por violencia de género (femicidio), alevosía y criminis causae, figura que contempla los casos en los que el homicidio se comete para ocultar otro delito. Aunque en su declaración indagatoria negó los hechos, la fiscalía sostiene que habría engañado a la adolescente para llevarla hasta su domicilio, donde se habría producido el ataque. En caso de ser hallado culpable, podría enfrentar prisión perpetua.
Otro avance importante será la incorporación formal de Melisa Heredia, madre de Agostina, como querellante particular, lo que le permitirá participar activamente del proceso judicial. Hasta ahora, la querella estaba integrada por los abuelos maternos y el padre de la adolescente. Su inclusión también busca desestimar versiones que circularon en redes sociales, ya que nunca estuvo imputada ni fue considerada sospechosa en la investigación.
El abogado de la familia materna, Carlos Nayi, sostuvo que ante la contundencia de las pruebas la única medida posible es la prisión preventiva, y remarcó la necesidad de que el proceso judicial también contribuya a reparar el daño y el honor de la familia, que —según afirmó— fue blanco de fuertes acusaciones públicas.
En paralelo, también se analiza la situación de otros imputados. Se prevé que la prisión preventiva alcance a Soledad Andreani y Osvaldo Fassetta, acusados de encubrimiento agravado por presuntas maniobras posteriores al crimen, como comunicaciones para desviar la investigación y el uso de un vehículo vinculado a la causa. Sin embargo, la otra imputada por encubrimiento, Marianela Palmero, no estaría incluida en esta etapa, ya que aún debe prestar declaración indagatoria.
En el caso de Andreani, la situación se agravó tras pericias químicas que detectaron en su vehículo manchas compatibles con sangre, presuntamente manipuladas o intentadas limpiar, lo que refuerza su vinculación con los hechos posteriores.
Con la feria judicial de invierno acercándose en Córdoba, prevista entre el 6 y el 20 de julio, la fiscalía busca definir estas medidas en los próximos días, antes de la suspensión de la actividad judicial. Mientras tanto, la causa continúa avanzando con una hipótesis acusatoria consolidada y nuevas pruebas que siguen siendo incorporadas al expediente.
